- Un operativo coordinado en la zona metropolitana de Mérida y Umán expuso la operación de una red dedicada al robo y distribución ilegal de combustible, reavivando las alertas sobre la expansión del huachicol en Yucatán y sus vínculos con otras economías criminales.
Un golpe estratégico contra el huachicol en Yucatán se registró en el corredor Mérida–Umán, donde autoridades federales y estatales desarticularon una presunta red dedicada al robo, almacenamiento y comercialización ilegal de combustible. El operativo, resultado de semanas de labores de inteligencia, permitió el aseguramiento de predios, vehículos, contenedores y miles de litros de hidrocarburo de procedencia ilícita.
Fuentes cercanas a la investigación señalan que la organización operaba de manera discreta, aprovechando la cercanía de parques industriales, bodegas rurales y caminos secundarios que conectan a Mérida con Umán, una zona que en los últimos años ha registrado un crecimiento acelerado de actividades logísticas y de transporte.
El modus operandi: bodegas, pipas y rutas alternas
De acuerdo con los primeros reportes, la red utilizaba predios aparentemente dedicados a actividades comerciales o agroindustriales para almacenar combustible robado. Desde ahí, el hidrocarburo era redistribuido mediante pipas y camiones adaptados, muchos de ellos con documentación apócrifa, para evadir revisiones.
La investigación apunta a que el combustible provenía de tomas clandestinas conectadas a ductos federales, así como de desvíos durante el traslado legal, una práctica conocida como “ordeña blanca”. El producto era colocado en el mercado negro a precios por debajo del costo oficial, afectando no solo a Pemex, sino también a gasolineras formales y a la recaudación fiscal.
Mérida–Umán: un corredor estratégico para el crimen organizado
Especialistas en seguridad advierten que el eje Mérida–Umán se ha convertido en un punto estratégico por su conectividad con el Anillo Periférico, carreteras federales y accesos hacia el poniente y sur del estado. Esta ubicación permite rápida movilidad del combustible robado y facilita su salida hacia otros municipios.
Aunque Yucatán ha mantenido por años una imagen de relativa seguridad, este caso confirma que las redes de huachicol buscan expandirse a entidades con menor presencia histórica de este delito, aprovechando la percepción de bajo riesgo y la creciente demanda energética derivada del desarrollo industrial.
Investigación abierta y posibles vínculos criminales
Las autoridades no descartan que la red desmantelada tenga vínculos con grupos criminales de otros estados, lo que abre la puerta a una investigación de mayor alcance. Las indagatorias se centran ahora en el origen del combustible, la posible complicidad de transportistas y la existencia de empresas fachada utilizadas para lavar recursos provenientes de esta actividad ilícita.
Además del delito de robo de hidrocarburos, las personas implicadas podrían enfrentar cargos por delincuencia organizada, uso de documentos falsos, delitos fiscales y daño al patrimonio de la nación.
Impacto ambiental y riesgos para la población
Más allá del daño económico, el huachicol representa un riesgo grave para la seguridad y el medio ambiente. El almacenamiento irregular de combustible en zonas urbanas o semiurbanas incrementa la probabilidad de incendios, explosiones y contaminación del suelo y los mantos freáticos, un punto especialmente sensible en Yucatán por su sistema kárstico.
Vecinos de las zonas intervenidas habían reportado olores intensos a combustible y movimiento nocturno de pipas, señales que ahora cobran relevancia dentro de la carpeta de investigación.
Un mensaje de contención… y una advertencia
El operativo en Mérida–Umán envía un mensaje claro sobre la intención de las autoridades de contener la expansión del huachicol en el sureste, pero también deja al descubierto que el fenómeno ya no es ajeno al estado. Analistas coinciden en que el reto será mantener la vigilancia, fortalecer los controles y evitar que estas redes se reorganicen.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso confirma que Yucatán no es inmune a las economías criminales y que el combate al robo de combustible requerirá no solo operativos, sino una estrategia integral de inteligencia, supervisión industrial y denuncia ciudadana.
La Gaceta Yucatán — Redacción