En el momento más delicado del calendario político rumbo a una reforma electoral impulsada desde la Presidencia de la República, la reapertura del caso de la activista María Amparo Casar Pérez irrumpió de manera inesperada y se convirtió en un factor de agitación política que la oposición supo capitalizar. El episodio coincidió, además, con dos escenarios internacionales clave: la crisis político-electoral en Venezuela y el ejercicio democrático en las urnas de Chile, ambos llamados a convertirse en referentes inevitables del debate electoral mexicano.
Más allá del fondo jurídico —el cobro de un seguro de vida y una pensión tras la muerte de su esposo—, el caso Casar dejó de ser un asunto estrictamente legal. La controversia sobre si se trató de un suicidio o un accidente, y la ausencia de aseguradoras privadas involucradas, pasó a segundo plano frente al uso político del momento. La reapertura del expediente por parte de la Fiscalía General de la República fue interpretada como una acción desfasada en tiempos y contexto, lo que permitió a la oposición articular un discurso de persecución política.
Las autoridades judiciales quedaron atrapadas en una narrativa contradictoria: si el caso no era político, terminó politizándose; si era judicial, se cuestionaron los procedimientos; y si respondió a inercias del equipo saliente del fiscal Alejandro Gertz Manero, dejó mensajes incómodos que podrían entorpecer el arranque de la nueva titular de la FGR.
Este clima interno se cruza con un entorno internacional cada vez más polarizado. La reforma electoral que dejó encaminada el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora se perfila en la agenda de la 4T, entra en una zona de conflicto marcada también por señales externas, particularmente desde Estados Unidos. La postura del presidente Donald Trump sobre la legitimidad de gobiernos adversarios a la Casa Blanca, como el de Nicolás Maduro, y el respaldo abierto a la opositora venezolana María Corina Machado, colocan el tema electoral en el terreno de la seguridad nacional estadounidense.
Al frente del diseño de la reforma se encuentra Pablo Gómez Álvarez, una figura histórica de la izquierda mexicana, formado en la tradición del Partido Comunista Mexicano y con una visión clara de transformación del sistema político. Su trayectoria lo coloca como un actor clave en una reforma que oscila entre el endurecimiento de las reglas electorales para cerrar el paso a la oposición y la necesidad de preservar un espacio de competencia democrática frente a una derecha que agrupa a exfuncionarios electorales del viejo régimen priista y del prianismo.
En este contexto, la reforma electoral de la 4T parece moverse entre dos polos: por un lado, los modelos institucionales que dieron forma al IFE y al INE bajo figuras como José Woldenberg, Leonardo Valdés Zurita y Lorenzo Córdova Vianello; por el otro, una visión crítica de ese entramado, al que se acusa de haber sostenido alternancias sin ruptura real del sistema.
La experiencia internacional se vuelve entonces un espejo incómodo. Las elecciones cuestionadas en Venezuela y los comicios ampliamente legitimados en Chile emergen como referencias obligadas para el diseño del nuevo marco electoral mexicano. El reto será evitar que el temor a un eventual retorno del neoliberalismo electoral justifique retrocesos democráticos.
El desenlace de esta discusión definirá no sólo las reglas del juego electoral, sino el tipo de democracia que México busca consolidar: una de alternancias controladas o una capaz de procesar cambios profundos sin caer en prácticas que el país ya creía superadas.
La Gaceta Yucatán—Redacción