El Congreso del Estado de Yucatán volvió a incumplir una orden judicial federal al rechazar la reforma constitucional que eliminaría la protección de la vida “desde la fecundación”, una disposición que obstaculiza el acceso legal al aborto en la entidad. Con 21 votos en contra y 13 a favor, la legislatura local desestimó el dictamen que proponía modificar el artículo 1 de la Constitución estatal, como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esta negativa representa un nuevo episodio de desacato constitucional, ya que contraviene la sentencia del juicio de amparo 2204/2021-36, resuelto por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, el cual exige que el Congreso armonice la legislación local con el criterio establecido por la Corte: ninguna entidad puede criminalizar a las mujeres por ejercer su derecho a decidir.
¿Qué se buscaba reformar?
El dictamen proponía eliminar la frase “desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley” del artículo 1 de la Constitución local. En su lugar, el texto quedaría como:
“El Estado de Yucatán reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano”.
Esta modificación, lejos de despenalizar el aborto directamente, pretendía eliminar un obstáculo constitucional que impide avanzar en el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes en la entidad.
Desacato con consecuencias legales y económicas
Al no acatar el mandato judicial, el Congreso local incurre en un desacato constitucional, lo que puede derivar en sanciones económicas. De acuerdo con la resolución, los diputados podrían ser multados con montos que van de 230 a 2 mil 295 UMAs, equivalentes a más de 259 mil pesos mexicanos.
Además del costo económico, el desacato podría generar responsabilidades administrativas y penales, además de contribuir al retraso en la armonización legislativa nacional respecto a derechos reproductivos.
Contexto nacional: Yucatán, rezagado en derechos reproductivos
Desde que la SCJN resolvió en 2021 que criminalizar el aborto de manera absoluta es inconstitucional, varios estados del país han avanzado en la despenalización del aborto voluntario, ampliando el acceso a servicios médicos seguros.
Sin embargo, Yucatán continúa entre las entidades con mayor resistencia a reformar sus leyes locales, amparándose en interpretaciones conservadoras de la protección a la vida, aun cuando estas ya han sido declaradas inconstitucionales por la Corte.
Reacciones divididas
La decisión del Congreso ha provocado reacciones encontradas en la sociedad civil. Colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos acusaron a los legisladores de desobedecer el marco constitucional y federal, mientras que grupos conservadores celebraron la votación como una “defensa de la vida”.
No obstante, la discusión jurídica no gira en torno a creencias personales, sino al cumplimiento de una sentencia judicial con efectos generales que obliga al Congreso de Yucatán a adecuar su legislación.
De persistir el desacato, se abre la puerta para que la SCJN intervenga nuevamente y eventualmente se solicite la ejecución forzosa de la sentencia, incluyendo la posibilidad de remover o sancionar a los legisladores que se nieguen a acatarla.
Mientras tanto, el aborto en Yucatán sigue siendo una práctica restringida, limitada solo a causales específicas, y su acceso continúa dependiendo de interpretaciones jurídicas, en lugar de garantizarse como un derecho pleno, seguro y legal.
La Gaceta Yucatán—Redacción.