La reforma judicial aún no entra plenamente en vigor y ya enfrenta sus primeras controversias: despidos arbitrarios de trabajadores del Poder Judicial en Yucatán, Veracruz y Sinaloa, lo que ha generado protestas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos laborales del personal judicial.
A pesar de que el nuevo marco legal promete que los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de los estados serían “respetados en su totalidad”, en los hechos ya se están registrando ceses bajo argumentos como “pérdida de confianza” o “cambio de equipo”, especialmente tras la llegada de nuevos juzgadores electos.
Organizaciones gremiales, sindicatos judiciales y especialistas denuncian que esta situación podría extenderse a nivel nacional y convertirse en una amenaza estructural al sistema de justicia, al vulnerar tanto la experiencia como la independencia laboral del personal judicial.
“Se trata de despidos arbitrarios. Se están desconociendo contratos de trabajadores de base y todo apunta a una pérdida de capital humano que se ha formado durante años. Eso solo puede afectar al sistema de justicia”, advirtió Francisco Javier López, representante del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura.
Despidos ya se ejecutan en Yucatán, Veracruz y Sinaloa
Los primeros reportes documentados señalan que ya hubo ceses de personal en órganos jurisdiccionales de Boca del Río y Xalapa (Veracruz), así como en un juzgado auxiliar de Sinaloa y en el extinto Consejo de la Judicatura de Yucatán. En Chihuahua también existe la advertencia de posibles “puestas a disposición” de trabajadores.
El panorama es especialmente grave en Veracruz, donde trabajadores judiciales se manifestaron en días recientes para exigir respeto a sus derechos y denunciar despidos sin justificación legal.
“Hasta el momento, lo que hemos visto por comentarios y referencias de compañeros es que los nuevos titulares llegaron con una consigna: hacer funcionar la reforma como sea”, explicó Alan Torres, representante de la Coalición de Circuitos Unidos, agrupación de trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
Torres señala que los nuevos jueces y magistrados han llegado incluso con la intención de amedrentar a los trabajadores, para evitar protestas como las que se registraron en 2024 contra la reforma judicial.
“Quieren sacar números, quieren sentencias, y no les importa llevarse entre las patas los derechos laborales. Es una manera de decir: ‘Aquí mandamos nosotros’”, afirmó.
Reforma judicial y el “candado roto” de protección laboral
En el texto de la reforma se incluyó un artículo transitorio que garantizaba la preservación de derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Sin embargo, los recientes ceses indican que este “candado” se está vulnerando, ya sea por omisión o por interpretación arbitraria de los nuevos funcionarios.
“Desde antes de que se aprobara la reforma, advertimos que esto podía pasar”, recuerdan desde el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del PJF.
El pasado 6 de junio, más de 32,000 empleados judiciales sindicalizados enviaron una carta a la entonces presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en la que expresaron su preocupación por la posibilidad de despidos, recorte de prestaciones, falta de pensiones o liquidaciones injustas.
Magistrada Celia Maya será informada del caso
El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, Jesús Gilberto González Pimentel, confirmó que ya contactó a la magistrada Celia Maya, integrante del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, para que se investigue la legalidad de estos despidos.
“Se comprometió a solicitar informes a los responsables y llevar el caso al Tribunal de Disciplina. En el sindicato estaremos vigilantes para que nadie con base sea obligado a presentar una renuncia”, señaló.
Más de 19 estados en riesgo de inestabilidad judicial
En al menos 19 estados de la República hubo elecciones locales para renovar el Poder Judicial, pero en varios de ellos la transición aún no comienza formalmente. Esto mantiene en incertidumbre a miles de trabajadores, quienes temen que los nuevos titulares repitan el patrón observado en Veracruz, Yucatán y Sinaloa.
Diversas organizaciones, como la Colectiva Sororidad Judicial Federal, también han denunciado que los despidos están ocurriendo sin respetar evaluaciones, historial profesional ni procedimientos internos.
Una advertencia nacional: el riesgo de desmantelar la experiencia
Especialistas advierten que, más allá de los efectos inmediatos, la inestabilidad laboral en juzgados y tribunales puede tener un impacto profundo en la impartición de justicia: pérdida de personal experimentado, debilitamiento institucional y mayor politización del sistema.
El reto, señalan, no es solo implementar una reforma judicial desde las estructuras, sino hacerlo respetando los derechos de quienes sostienen el funcionamiento diario del sistema judicial.
“No puede construirse un nuevo Poder Judicial destruyendo al que ya existe sin justificación”, advirtió una jueza federal que pidió el anonimato.
La Gaceta Yucatán—Redacción.