Al final de la jornada, la postura de quienes se oponen a ciertos aspectos de la reforma es clara: apoyan las medidas que promuevan la energía limpia y accesible, pero rechazan las que promuevan el control y la opacidad en el sector.
Febrero 24 de 2025.- El viernes pasado, un importante debate sobre la reforma energética tuvo lugar en el Congreso. A las 6:30 de la tarde, se discutió un proyecto que, según diversos sectores, genera opiniones divididas. En sus intervenciones, varios legisladores reconocieron que no todo lo que propone la reforma es negativo, pero también señalaron serias preocupaciones.
En el centro de la discusión, se destaca la necesidad urgente de una mayor disponibilidad de electricidad en México, un tema que se ha convertido en uno de los mayores retos para el desarrollo del país.
Según una encuesta realizada por BBVA en colaboración con la Asociación Mexicana de Parques Industriales, la falta de electricidad se ha convertido en el principal obstáculo para la instalación de nuevas empresas, superando incluso a la inseguridad.
Este fenómeno es especialmente evidente en regiones como Yucatán y Quintana Roo, donde el sector empresarial, como hoteles y desarrollos inmobiliarios, se enfrenta a la falta de energía como su principal limitante.
A pesar de las críticas, algunos puntos positivos de la reforma fueron destacados. La nueva legislación avanza hacia la generación distribuida y el autoconsumo, permitiendo a los ciudadanos y empresas generar su propia electricidad mediante paneles solares y aerogeneradores sin necesidad de grandes trámites burocráticos.
En particular, la ley facilita la instalación de paneles solares en hogares y pequeños negocios, permitiendo a los ciudadanos generar hasta 20 MW para grandes naves industriales. Esto, según los defensores de la reforma, fomenta la participación privada y proporciona una vía para resolver la falta de electricidad.
Sin embargo, el mismo proyecto legislativo ha sido fuertemente criticado por sus contradicciones y lo que algunos llaman “esquizofrenia” en su enfoque. Por un lado, la reforma parece abrir la puerta a la generación privada de electricidad, pero, por otro lado, limita la capacidad de los particulares al establecer restricciones a la cantidad de energía que pueden producir.
Además, la reforma permite a la CFE comprar electricidad de generadores que no necesariamente utilizan fuentes limpias, como las termoeléctricas, lo cual es visto por muchos como un retroceso hacia prácticas contaminantes y costosas.
Otro aspecto polémico de la reforma es la eliminación de los reguladores independientes del sector energético, la CRE (Comisión Reguladora de Energía) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, reemplazándolos por un nuevo órgano, la CNE, que está bajo el control directo de la Secretaría de Energía.
Este cambio, según los opositores, podría vulnerar compromisos internacionales, particularmente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que debilita la autonomía del sector energético mexicano y podría provocar conflictos comerciales con sus socios.
El debate continúa siendo intenso y las tensiones persisten. Mientras algunos aprecian las medidas que favorecen la energía limpia y accesible, otros critican la excesiva intervención del gobierno y la falta de transparencia.
En este contexto, se mantiene el llamado a priorizar la electricidad limpia, barata y abundante para todos los ciudadanos, mientras se evita que el control estatal prevalezca por encima de las necesidades reales del país. Redacción.