- Canaco Mérida urge al Congreso a frenar la iniciativa en su forma actual y abrir diálogo con el sector privado
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canaco Servytur Mérida) lanzó una advertencia contundente sobre los riesgos que implica la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, actualmente en discusión a nivel federal. El organismo empresarial expresó su profunda preocupación por los efectos negativos que la propuesta legislativa podría tener sobre la certeza jurídica, operatividad y defensa fiscal de las empresas mexicanas.
En un comunicado oficial, la Canaco Mérida reconoció que la iniciativa contiene aspectos positivos, como la agilización de procesos judiciales, el fortalecimiento de la certidumbre jurídica y una mejor accesibilidad a las resoluciones. Sin embargo, advirtió que la redacción actual del proyecto representa serios riesgos para sectores clave de la economía, incluyendo el comercio, los servicios y el turismo, pilares del empleo y la inversión nacional.
Riesgos para la defensa fiscal de las empresas
Uno de los puntos más críticos señalados por el organismo es la restricción del uso del recurso de revocación y del juicio contencioso-administrativo en casos de créditos fiscales firmes, lo cual dejaría como única vía de defensa el juicio de amparo en su etapa de ejecución.
“Esta limitación colocaría a las empresas en un estado de indefensión, al acelerar el cobro de créditos fiscales por parte de la autoridad sin permitir una defensa adecuada en instancias previas”, señaló la Canaco.
Eliminación del amparo colectivo: impacto en eficiencia y seguridad jurídica
Otro aspecto preocupante es la supuesta eliminación del amparo colectivo, lo cual reduciría el alcance de las resoluciones judiciales únicamente al quejoso. La Cámara explicó que esto complicaría la eficiencia de los procesos judiciales y afectaría a múltiples empresas que enfrentan problemáticas comunes.
“La resolución de un amparo colectivo tiene efectos generales, beneficiando a múltiples afectados por una misma medida. Limitar los efectos a un solo quejoso genera duplicidad de recursos y mayor carga judicial, lo que va en contra del principio de economía procesal”, advirtió.
Riesgo de parálisis operativa y congelamiento de cuentas
También se alertó sobre la posibilidad de paralización de actividades empresariales durante procesos judiciales, especialmente en casos donde las empresas operan bajo permisos específicos o licencias condicionadas.
Además, la reforma contempla escenarios donde podrían inmovilizarse cuentas bancarias por presunción de uso de recursos ilícitos, lo que afectaría gravemente la liquidez y funcionamiento financiero de las compañías, incluso sin una resolución firme de culpabilidad.
Arbitrariedad en el cumplimiento de sentencias
La Canaco Mérida cuestionó que no existe un mecanismo claro para que las autoridades acrediten la imposibilidad jurídica de cumplir con sentencias judiciales. Esta omisión, señaló, abre la puerta a decisiones arbitrarias y profundiza la desconfianza en el sistema judicial.
“La seguridad jurídica no solo depende de leyes claras, sino de su cumplimiento efectivo. No establecer un control sobre las autoridades que incumplen sentencias es una regresión en el Estado de derecho”, destacó el organismo.
Llamado al Congreso: frenar la iniciativa y abrir diálogo
Ante este panorama, la Canaco Mérida hizo un llamado formal al Poder Legislativo para no aprobar la reforma en sus términos actuales y abrir mesas de trabajo con los sectores productivos, a fin de analizar los impactos y proponer ajustes que equilibren la eficiencia judicial con la defensa legítima de los contribuyentes.
“Solicitamos respetuosamente que se detenga el avance de esta reforma y se escuche al sector empresarial. El comercio, los servicios y el turismo necesitan reglas claras y justas para seguir siendo motores del país”, exigió la Cámara.
Una reforma necesaria, pero sin afectar la competitividad
La organización concluyó su posicionamiento reiterando su disposición al trabajo conjunto con las autoridades para construir una reforma a la Ley de Amparo que realmente fortalezca la justicia sin sacrificar la competitividad ni el Estado de derecho.
“Creemos en la necesidad de modernizar el sistema de justicia administrativa y fiscal, pero no a costa de la operatividad de las empresas. Estamos listos para colaborar en una propuesta equilibrada que garantice los derechos fundamentales de los contribuyentes”, finalizó la Canaco Mérida.
- La reforma a la Ley de Amparo es impulsada por el grupo parlamentario mayoritario en el Congreso.
- El juicio de amparo es actualmente una de las principales herramientas jurídicas para que empresas y ciudadanos impugnen actos de autoridad que vulneren sus derechos.
- Diversas organizaciones empresariales del país han comenzado a expresar inquietudes similares.
La Gaceta Yucatán—Redacción.