- La instalación de un gasoducto en zonas habitacionales de Umán fue suspendida tras un bloqueo vecinal que reveló la falta de licencias federales. El caso expone las fallas del municipio en la gestión de obras con impacto ambiental y social.
La tensión social escaló en Umán esta semana luego de que vecinos de los fraccionamientos San Francisco, San Lázaro y Villas La Vía bloquearan durante horas las vías de acceso a la cabecera municipal en protesta contra la construcción de un gasoducto. El conflicto, sin embargo, va más allá del rechazo vecinal: la obra carecía de permisos federales y solo contaba con una licencia municipal cuestionada por su legalidad y origen político.
Desde las 7 de la mañana del 30 de julio, residentes se movilizaron para detener la perforación de calles, denunciando la falta de información, el riesgo de vivir junto a infraestructura de gas natural y, sobre todo, la ausencia de transparencia por parte del Ayuntamiento que encabeza la alcaldesa Kenia Walldina Sauri Maradiaga.
Permiso otorgado sin facultades federales
La obra es responsabilidad de Tractebel GNP S.A. de C.V., empresa a la que el Ayuntamiento de Umán otorgó una licencia de construcción el 25 de febrero de 2025, con un valor declarado de 1.1 millones de pesos. La autorización fue firmada por el director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Ing. Jorge Luis Ek Chim, pero solo incluía competencias locales.
Vecinos accedieron al permiso GR1497/DIS/2018 —emitido durante la administración del exalcalde Freddy Ruz—, pero lo que revelaron después fue aún más grave: no existían autorizaciones federales en materia de impacto ambiental ni licencias de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), indispensables para este tipo de proyectos.
La intervención de personal vinculado al Tren Maya, que detectó la falta de permisos federales, permitió detener los trabajos el pasado 14 de julio, aunque la empresa retomó labores días después sin mayor justificación, lo que provocó el nuevo estallido vecinal.
Crisis política y vacío de gobierno local
La alcaldesa Sauri Maradiaga fue duramente criticada por su silencio inicial. Los habitantes reclamaron que la autoridad no transparentó la obra ni convocó consultas ciudadanas, a pesar del riesgo de una infraestructura de gas natural a escasos metros de viviendas.
“No hay información. Solo vimos cómo comenzaron a perforar sin explicación. Nos enteramos del permiso porque lo pedimos, pero nadie de la empresa ni del Ayuntamiento nos explicó nada”, denunció una vecina durante el bloqueo.
Tras cinco horas de tensión y caos vehicular —incluso con alertas emitidas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)—, la alcaldesa llegó al lugar. Se comprometió a suspender la obra y, tras el diálogo, los manifestantes levantaron el plantón a las 12:10 p.m. del mismo día.
Una obra sin anclaje legal ni respaldo comunitario
Este episodio ha puesto en evidencia la fragilidad de los procesos de autorización de obra pública y privada en municipios como Umán, donde las licencias locales pueden ser utilizadas para eludir la supervisión federal. El hecho de que una empresa de energía inicie obras sin contar con permisos de impacto ambiental, en una zona densamente habitada, revela una preocupante laxitud administrativa y un desprecio por la seguridad comunitaria.
Además, exhibe la falta de coordinación entre niveles de gobierno y el uso discrecional de los permisos de obra como herramientas de poder político más que de planeación urbana.
¿Qué sigue para el gasoducto y los vecinos?
Aunque la alcaldesa prometió detener la obra, no se ha emitido ningún decreto formal ni se ha anunciado la revocación de la licencia otorgada. Tampoco se ha informado si la ASEA, la Semarnat o la CFE participarán en una nueva evaluación del proyecto.
Vecinos exigen ahora la cancelación definitiva de la obra y la creación de mecanismos de consulta pública obligatoria para obras de alto impacto, así como sanciones contra funcionarios que aprobaron permisos sin respaldo técnico ni legal.
Política energética sin consulta ciudadana
El caso del gasoducto en Umán no es un incidente aislado, sino el reflejo de una tensión estructural entre el desarrollo energético nacional y la gobernanza local. Mientras se impulsa infraestructura estratégica —como gasoductos o nodos de energía— en nombre del desarrollo, se ignoran los procedimientos legales y se omite el consentimiento social.
Sin planeación participativa ni legalidad plena, las obras seguirán encontrando resistencia legítima en las comunidades que cargan con los riesgos sin recibir los beneficios.
La Gaceta Yucatán—Redacción.