- Investigación del INE revela irregularidades graves en la elección judicial, pero las multas a los ganadores son simbólicas
La histórica elección judicial en México, en la que por primera vez se eligieron en las urnas a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, ha cerrado con un severo cuestionamiento sobre su legalidad y transparencia. A pesar de detectarse miles de irregularidades, entre ellas la masiva difusión de “acordeones” —guías impresas y digitales con nombres de candidatos para inducir el voto—, el Instituto Nacional Electoral (INE) optó por imponer sanciones mínimas, muchas de ellas simbólicas, a 177 candidatos que resultaron ganadores y estuvieron involucrados.
En total, las multas por irregularidades en la fiscalización de campañas superan los 18 millones de pesos, aunque el monto palidece ante la magnitud del fenómeno y el número de infractores. La llamada operación acordeón, que consistió en la distribución masiva de listas con nombres de aspirantes recomendados, alcanzó incluso a los nueve nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos sancionados, pero con montos reducidos respecto a lo propuesto originalmente.
Multas reducidas y sin responsables claros
El INE había propuesto multas individuales de hasta 149,000 pesos para los futuros ministros. Sin embargo, la sanción total apenas superó los 566,000 pesos, diluyéndose además entre otros conceptos. Por ejemplo, Loretta Ortiz fue la ministra más multada, con 127,000 pesos, mientras que Irving Espinoza recibió la sanción más baja: 39,599 pesos. A pesar de la evidencia del uso ilegal de propaganda, el INE no ha logrado identificar a los responsables de la operación ni rastrear el financiamiento detrás de los volantes impresos y mensajes digitales.
Las sanciones se ajustaron según la “capacidad económica” de los candidatos, según argumentó la autoridad electoral, un criterio que fue duramente cuestionado por varios consejeros.
División en el INE y dudas sobre la limpieza del proceso
El pleno del INE quedó nuevamente dividido. En una sesión de más de cuatro horas, seis consejeros —el bloque crítico— votaron a favor de sancionar, aunque reconocieron que las multas son insuficientes y no se ha ido al fondo del problema. El consejero Jaime Rivera fue tajante al señalar que la operación sólo pudo haber sido orquestada por “maquinarias con poder político, económico o incluso delictivo”.
“La respuesta es ineludible: gobiernos, partidos, gremios aliados o grupos delincuenciales pudieron estar detrás de esta estrategia masiva para inducir el voto”, denunció Rivera.
Otros consejeros, en cambio, rechazaron las sanciones. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, consideró que no existía base jurídica suficiente para sancionar por el uso de acordeones. “No se pudo constatar la cantidad ni verificar técnicamente la propaganda digital distribuida”, argumentó.
Más de 17,000 irregularidades detectadas
A nivel federal y local, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE identificó más de 17,000 irregularidades en el manejo de ingresos y gastos de campaña. Las multas ascienden preliminarmente a más de 18 millones de pesos, pero están sujetas a revisión. Tan solo en los 19 Estados donde hubo elección judicial, se detectaron 9,547 faltas, sancionadas con casi 8,000 millones de pesos.
Pese a la gravedad de los hallazgos, hasta ahora no hay responsables plenamente identificados ni consecuencias más allá de las sanciones económicas, consideradas ampliamente inadecuadas frente a la magnitud de las anomalías.
Llamado a reformar la ley
Varios consejeros coincidieron en la urgencia de una reforma legal que cierre los vacíos que permitieron estas irregularidades. La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, hizo un llamado al Congreso: “Estas trampas dañan la credibilidad de nuestras instituciones. Es imprescindible dotar al INE de más herramientas para investigar y sancionar este tipo de conductas antes de la próxima elección judicial en 2027”.
La elección judicial, que se presentó como una apuesta histórica por democratizar la justicia, ha terminado empañada por la falta de transparencia, la inacción frente a posibles delitos electorales y una respuesta institucional tibia. La “operación acordeón” no solo condicionó el voto de miles de ciudadanos, sino que amenaza con convertirse en un precedente peligroso si no se castiga con rigor.
La Gaceta Yucatán—Redacción.