8 de abril del 2025.- El negocio del huachicol fiscal, que involucra la importación y comercialización de hidrocarburos sin el cumplimiento de las obligaciones fiscales, es una de las tramas más complejas que enfrenta el gobierno mexicano. De acuerdo con las investigaciones recientes, este fraude fiscal genera unos 130 mil millones de pesos al año y no solo afecta la economía, sino que también está vinculado a grupos criminales, corrupción en diversos niveles y complicidad entre empresarios y políticos.
Una red de complicidades a gran escala
El huachicol fiscal, que se define como la evasión de impuestos como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), es posible gracias a la utilización de fracciones arancelarias falsas y facturación fraudulenta. Los combustibles son importados bajo categorías no sujetas a impuestos, lo que permite eludir el pago de impuestos y generar ganancias ilícitas.
Según las investigaciones, la red involucra a diversos actores: desde especialistas fiscales, importadores y funcionarios de aduanas, hasta gasolineras, empresas de consumo intensivo de combustibles y, por supuesto, los grupos criminales que controlan las operaciones. Se estima que el negocio podría generar hasta seis mil millones de dólares anuales, lo que hace que sea un tema de interés no solo para México, sino también para Estados Unidos, que ve en esta actividad una amenaza para la seguridad interna, debido a la relación con el crimen organizado y el narcotráfico.
Los carteles y su implicación en el huachicol
Tras los decomisos de grandes cantidades de combustible en puertos de Ensenada y Altamira, y la intervención de autoridades en Tamaulipas, se ha identificado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como uno de los principales actores en esta red de huachicol. El CJNG estaría operando en zonas clave como Tamaulipas, Guanajuato, Tabasco, Veracruz y Chiapas, desplazando a otros grupos como el Cártel de Sinaloa en el negocio de los hidrocarburos.
La presencia del CJNG en el huachicol se extiende a nivel nacional, particularmente en estados estratégicos como Guanajuato y Veracruz, lo que podría explicar parte de la violencia y desestabilización que estos estados han sufrido en los últimos años. La magnitud de las ganancias que genera este negocio y la implicación de actores locales y políticos en la protección de estas actividades hace que el huachicol fiscal sea mucho más complejo y peligroso que otros tipos de delitos como el tráfico de drogas.
Complicidades políticas y empresariales
La complicidad entre políticos y empresarios sigue siendo un obstáculo importante para desmantelar esta red de huachicol fiscal. Un claro ejemplo de esto se da en el caso de Ensenada, donde se ha identificado que el terreno involucrado en las operaciones fraudulentas pertenecía al ex senador Gerardo Novelo Osuna, quien está vinculado al ex gobernador Jaime Bonilla. Aunque Novelo ha negado su implicación, su vínculo con personajes cercanos al crimen organizado ha levantado sospechas sobre su participación en esta red.
Las investigaciones sobre el caso de Sergio Carmona, un empresario asesinado en 2022, también están conectadas con el huachicol fiscal, y han revelado una trama de corrupción que incluye a políticos, empresarios y funcionarios tanto en México como en Estados Unidos. A pesar de la información disponible, el caso no ha avanzado con la celeridad que muchos esperaban.
El huachicol fiscal y su relación con la seguridad nacional
El huachicol fiscal no solo es un delito económico, sino también una cuestión de seguridad. Este tipo de tráfico ilícito se lleva a cabo a ambos lados de la frontera, y las ganancias obtenidas alimentan otras actividades criminales, incluyendo el tráfico de migrantes y drogas como el fentanilo.
La situación es especialmente compleja para la administración actual, que se enfrenta a la difícil tarea de desmantelar una red tan arraigada en el sistema político y empresarial del país. De no desentrañar esta trama, será imposible reducir las capacidades del crimen organizado en México.
Un reto para el gobierno de Sheinbaum
Para el gobierno de México, liderado por Claudia Sheinbaum, desmantelar el huachicol fiscal representa un reto mayúsculo. No solo porque está vinculado al crimen organizado, sino también porque podría implicar a figuras de administraciones pasadas y actuales, lo que pone de manifiesto la magnitud de la corrupción y complicidad en la política mexicana.En resumen, el huachicol fiscal es un fenómeno mucho más complejo que el simple robo de combustible. Es una red de complicidades que involucra a actores de todos los niveles de la sociedad, desde políticos y empresarios hasta grupos criminales organizados.Combatirlo requerirá de un esfuerzo conjunto y de una estrategia integral que no solo enfoque en los actores visibles, sino también en las estructuras profundas que permiten que este fraude fiscal siga prosperando.
La Gaceta Yucatán. Redacción.