- Una denuncia por presuntas irregularidades en la ubicación y registro de un predio en la costa norte de Yucatán expone un posible entramado de corrupción agraria, con implicaciones legales, ambientales y patrimoniales.
Una denuncia relacionada con un terreno de grandes dimensiones en el puerto de Chabihau, comisaría del municipio de Yobaín, ha puesto bajo la lupa una maniobra que, de acuerdo con los señalamientos, revela el modo de operar de una presunta mafia agraria en Yucatán. El caso apunta a prácticas sistemáticas de alteración de polígonos, falsificación de antecedentes y uso de vacíos legales para apropiarse de tierras de alto valor, especialmente en zonas costeras.
De acuerdo con la información contenida en la denuncia, el predio en disputa cuenta con una superficie de poco más de 104 hectáreas. Sin embargo, lo que ha encendido las alertas no es únicamente su tamaño, sino el hecho de que —según los documentos y testimonios presentados— habría sido “movido” de su ubicación original, alejándolo deliberadamente de la franja de playa.
El desplazamiento del polígono: la clave del caso
La maniobra denunciada consistiría en reubicar el polígono del terreno tierra adentro, simulando que el predio no colinda con el mar. Esta acción, aparentemente técnica, tendría un impacto profundo: al sacar al terreno de la zona federal marítimo-terrestre y de áreas con mayor protección ambiental, se reducirían restricciones legales y se incrementaría la viabilidad de su comercialización o desarrollo inmobiliario.
En su lugar —según la queja— se habría colocado un nuevo polígono que no corresponde con la realidad física del terreno, lo que sugiere la posible alteración de planos, coordenadas y registros catastrales. Este tipo de prácticas ha sido señalado en otros conflictos agrarios del estado, particularmente en regiones donde el valor de la tierra se ha disparado por el crecimiento turístico y la especulación inmobiliaria.
Chabihau: un punto estratégico bajo presión
Chabihau se ha convertido en los últimos años en una zona estratégica de la costa yucateca. Su cercanía con otros puertos en desarrollo y su potencial turístico lo colocan en la mira de inversionistas, pero también —según denuncias de ejidatarios y especialistas— de redes que buscan apropiarse de tierras mediante juicios simulados, asambleas ejidales irregulares y cambios de polígono sin sustento legal.
En este contexto, el caso de las 104 hectáreas no sería un hecho aislado, sino parte de un patrón de despojo agrario que ha sido documentado en distintos puntos del estado, donde campesinos, herederos legítimos o comunidades terminan enfrentando procesos largos y costosos para defender su patrimonio.
Batalla legal y exigencia de investigación
La disputa ya se encuentra en el terreno legal. Las partes afectadas han solicitado la revisión exhaustiva de expedientes agrarios, registros del Registro Público de la Propiedad, planos georreferenciados y resoluciones administrativas que avalaron el cambio de ubicación del predio. También se pide la intervención de autoridades federales y estatales para determinar si existió colusión entre particulares y funcionarios.
Abogados consultados señalan que, de comprobarse el desplazamiento deliberado del polígono, podrían configurarse delitos como fraude, uso de documentos falsos y daño al patrimonio nacional, además de posibles afectaciones ambientales si el terreno originalmente se encontraba en una zona protegida.
Un caso que puede sentar precedente
El conflicto por el terreno en Chabihau podría convertirse en un caso emblemático en la lucha contra la presunta mafia agraria en Yucatán. Su resolución no solo definirá la propiedad de más de 100 hectáreas, sino que también pondrá a prueba la capacidad de las instituciones para frenar prácticas que, de acuerdo con múltiples denuncias, han operado durante años bajo la sombra de la impunidad.
Mientras el litigio avanza, el caso deja al descubierto una realidad incómoda: la tierra en Yucatán, especialmente la costera, sigue siendo un botín codiciado, y su defensa depende, cada vez más, de que las irregularidades salgan a la luz pública y sean investigadas a fondo.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
