- La sanción impuesta por EE.UU. al líder del Cártel de Sinaloa revela el poder financiero del crimen organizado frente a las instituciones mexicanas y cuestiona la capacidad del Estado para combatir sus estructuras.
Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los jefes históricos del Cártel de Sinaloa y pieza clave en la arquitectura del narcotráfico mexicano, fue sentenciado en una corte federal de Nueva York a pagar una multa de 15,000 millones de dólares. La cifra, que supera la fortuna de casi todos los empresarios mexicanos según el ranking 2025 de Forbes México, coloca en evidencia el poder económico y político que el crimen organizado ha acumulado durante décadas en México, muchas veces con complicidad institucional.
De haber sido considerado por la revista de negocios, Zambada se ubicaría como el tercer hombre más rico de México, solo detrás de Carlos Slim (82,500 mdd) y Germán Larrea (28,600 mdd), superando a personajes como María Asunción Aramburuzabala y Alejandro Baillères.
Crimen organizado vs. Estado mexicano: una disputa de poder y recursos
La multa, basada en estimaciones judiciales de las ganancias obtenidas por Zambada mediante el narcotráfico y el lavado de dinero, no responde a un patrimonio declarado ni a bienes recuperables. Se trata de una cifra simbólica que revela una verdad incómoda para el sistema político y judicial mexicano: el crimen organizado ha generado fortunas que superan ampliamente los presupuestos anuales de múltiples dependencias federales.
Durante su audiencia, El Mayo reconoció haber traficado más de 1.5 millones de kilos de cocaína a EE.UU., además de haber financiado una estructura criminal que involucraba corrupción de funcionarios policiacos, militares y políticos en México.
Este reconocimiento público de complicidad institucional mexicana vuelve a colocar bajo la lupa a varias administraciones pasadas —y posiblemente actuales— que permitieron la expansión y consolidación de Zambada como uno de los capos más longevos del narco nacional.
¿Dónde está el Estado mexicano ante estas cifras?
Mientras el gobierno de Estados Unidos impone sanciones millonarias y desarrolla investigaciones transnacionales, el Estado mexicano sigue sin presentar cargos formales ni procesos judiciales abiertos contra Ismael Zambada. Esto, pese a que su implicación en actividades criminales ha sido documentada por años, y que incluso ha sido vinculado a múltiples casos de corrupción de alto nivel.
La ausencia de una estrategia clara desde el gobierno mexicano para procesar judicialmente a Zambada expone una crisis estructural del sistema de justicia nacional, donde el combate al narcotráfico suele quedar en manos de las cortes estadounidenses.
Una fortuna ilegal que desnuda la desigualdad estructural
El hecho de que un criminal como Zambada —formado al margen del sistema financiero legal— haya acumulado recursos comparables a las principales élites económicas del país, pone en entredicho el modelo económico y de justicia mexicano.
La suma de 15 mil millones de dólares equivale, por ejemplo, a:
- Cinco veces el presupuesto anual de la Fiscalía General de la República (FGR).
- Más del doble del presupuesto conjunto de las universidades públicas más grandes del país.
- La mitad del presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para 2025.
Otros casos emblemáticos: ¿justicia en EE.UU. y silencio en México?
La multa contra El Mayo es la más alta impuesta a un capo mexicano, superando incluso la de su compadre Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado en 2019 a cadena perpetua más 30 años y una sanción de 12,600 millones de dólares.
Otros casos recientes:
- Ovidio Guzmán (2025): aceptó decomiso de 80 millones de dólares.
- Genaro García Luna (2024): condenado a 38 años y multa de 2 millones.
- Rubén “El Menchito” Oseguera (2025): cadena perpetua y multa de más de 6,000 millones.
Todos estos procesos se llevaron a cabo fuera del territorio nacional. En México, la opacidad y la impunidad persisten, mientras que la delincuencia organizada sigue operando con capacidad de infiltrar estructuras institucionales.
¿Y ahora qué sigue?
La sentencia definitiva de Zambada se conocerá el 13 de enero de 2026, en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Aunque se desconoce cuánto podrá recuperar realmente el gobierno estadounidense, la multa marca un precedente simbólico y político: el crimen organizado mexicano no solo compite con el Estado, en muchos casos lo supera en recursos, influencia y permanencia.
Una deuda pendiente con la justicia en México
El caso Zambada no solo representa un triunfo judicial para Estados Unidos, sino también un llamado urgente a la autocrítica nacional: ¿cómo es posible que un hombre perseguido internacionalmente nunca haya sido siquiera detenido en su propio país? ¿Qué tan profunda es la red de protección institucional que le ha permitido operar impune por más de tres décadas?
La política mexicana, más que nunca, debe mirarse al espejo.
La Gaceta Yucatán—Redacción.