La titular de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, dejó clara la postura del Gobierno federal frente a las acusaciones contenidas en el libro Ni Venganza Ni Perdón: si existen pruebas contra funcionarios públicos, deben presentarse denuncias formales.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria subrayó que las narrativas o señalamientos editoriales no son suficientes para abrir una investigación oficial.
“Que presente su denuncia porque la narrativa no es suficiente para iniciar una investigación”, afirmó de manera categórica.
Señalamientos contra exfuncionarios del sexenio anterior
El libro fue escrito por Julio Scherer Ibarra en colaboración con el periodista Jorge Fernández Menéndez, y en sus páginas se denuncian presuntos actos de corrupción y redes de financiamiento ilícito que habrían operado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre los nombres señalados se encuentra Jesús Ramírez Cuevas, a quien se le atribuyen presuntos vínculos con esquemas de huachicol fiscal, así como supuestas irregularidades en el financiamiento de campañas políticas.
El texto también menciona el caso de la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, al señalar un presunto financiamiento ilícito en procesos electorales.
Investigación solo con sustento legal
Buenrostro Sánchez enfatizó que la Secretaría da seguimiento a todas las denuncias que recibe, pero reconoció que es jurídicamente complejo iniciar una indagatoria únicamente con declaraciones públicas o publicaciones editoriales sin respaldo documental formal.
“Nosotros damos seguimiento a todas las denuncias que llegan. Cuando se tienen los datos y se considera relevante, se puede iniciar investigación de oficio”, explicó.
No obstante, dejó abierta la posibilidad de actuar si existen elementos sólidos que respalden los señalamientos, ya sea mediante una denuncia formal o a través de información verificable que permita iniciar un procedimiento de oficio.
Llamado institucional en medio de la polémica
Las declaraciones de la secretaria Anticorrupción se dan en un contexto de debate público por el contenido del libro, que ha generado controversia política y mediática.
La postura oficial es clara: las acusaciones deben traducirse en denuncias legales con pruebas, pues solo así podrán activarse los mecanismos institucionales para investigar y, en su caso, sancionar posibles actos de corrupción.
La Gaceta Yucatán—Redacción.