- El magistrado presentó su dimisión irrevocable tras ser denunciado por presunto tráfico de influencias, falta de imparcialidad y un grave caso de violencia intrafamiliar. El Consejo de la Magistratura analiza si continuará el proceso disciplinario.
El juez Luis Armando Mendoza Casanova, quien hasta hace poco integraba un tribunal clave del Poder Judicial, renunció de forma irrevocable este lunes, en medio de un torbellino de acusaciones que no solo comprometen su conducta profesional, sino también su vida personal.
Además de ser investigado por presuntas irregularidades judiciales, Mendoza enfrenta una grave denuncia por violencia familiar, lo que ha desatado una ola de indignación y reacciones en todos los niveles del sistema judicial.
Una renuncia bajo fuego: corrupción y violencia intrafamiliar
La renuncia del juez Mendoza no se da en un contexto aislado. Según fuentes cercanas al expediente, el magistrado es investigado por el Consejo de la Magistratura por:
- Tráfico de influencias en causas sensibles del fuero penal.
- Omisión de excusarse en procesos donde existían conflictos de interés.
- Vínculos con operadores judiciales sospechados de corrupción sistemática.
Pero el elemento más explosivo —y que ha captado la atención pública— es la denuncia por violencia familiar presentada por su ex pareja, quien habría entregado pruebas documentales y médicas sobre episodios de maltrato físico y psicológico.
“El caso excede lo institucional. Cuando un juez, garante de derechos, es señalado por ejercer violencia doméstica, la justicia debe actuar con la máxima celeridad y transparencia”, afirmó la abogada especializada en género, Mariana Paredes.
¿Puede evitar sanciones con la renuncia? No necesariamente
Pese a su dimisión, expertos aseguran que los procesos disciplinarios y penales pueden y deben continuar. De acuerdo con la doctora Ana Ruiz, constitucionalista, “la renuncia no extingue la responsabilidad ni penal ni administrativa. El Consejo de la Magistratura tiene la obligación de emitir un dictamen y remitir los antecedentes al Ministerio Público si encuentra elementos suficientes”.
Organismos de derechos humanos y colectivos de mujeres han solicitado formalmente al Consejo que no archive el caso y que garantice el debido proceso, tanto por las presuntas faltas éticas como por el grave hecho de violencia intrafamiliar.
Impacto institucional: ¿una salida para eludir la justicia?
El caso Mendoza marca un punto de inflexión en el debate sobre la transparencia judicial. Si bien la renuncia puede ser interpretada como una forma de evitar la destitución o el juicio político, muchos actores coinciden en que esta salida no debe traducirse en impunidad.
“El Congreso y el Consejo de la Magistratura deben revisar los mecanismos que permiten que un juez se desligue del proceso con una simple carta de renuncia. Este caso podría acelerar reformas estructurales para cerrar esas brechas de impunidad”, declaró el exfiscal Julio Castañeda.
Lo que sigue
- El Consejo de la Magistratura deberá definir si continúa el proceso disciplinario, aunque Mendoza ya no ocupe el cargo.
- La Procuraduría General evalúa la apertura de una investigación penal preliminar por los hechos de violencia familiar.
- Organizaciones civiles y del ámbito legal preparan acciones judiciales y pedidos de informes para evitar que el caso quede impune.
Un caso que expone la fragilidad del sistema disciplinario judicial
La renuncia del juez Luis Mendoza no debe entenderse como un cierre, sino como una oportunidad crítica para el Poder Judicial de demostrar su compromiso con la integridad y los derechos humanos. La presión pública y el escrutinio social están en aumento, y la continuidad de las investigaciones será clave para restaurar la confianza en las instituciones.
La Gaceta Yucatán—Redacción.