Con 106 votos a favor, el Pleno del Senado de la República aprobó este jueves una reforma constitucional que otorga al Congreso de la Unión facultades para legislar en materia de extorsión, incluyendo la definición de tipos penales y sus sanciones. Esta decisión busca fortalecer el combate a uno de los delitos de mayor crecimiento e impacto social y económico en el país.
La reforma responde al alarmante aumento en la incidencia de este delito, que pasó de un promedio de 18.89 casos diarios en 2018 a 29.77 en enero de 2025, según cifras oficiales. El dictamen aprobado señala que la extorsión no solo afecta de forma directa a las víctimas, sino que deteriora el patrimonio colectivo, la economía nacional y la estabilidad emocional de la sociedad.
Hacia un marco legal unificado contra la extorsión
Actualmente, existe una disparidad normativa entre el Código Penal Federal y los códigos penales de las entidades federativas, lo cual ha derivado en una respuesta fragmentada e ineficaz ante el delito de extorsión. Esta falta de uniformidad ha sido aprovechada por grupos de delincuencia organizada, quienes encuentran resquicios legales para evadir la justicia.
Con la reforma, el Congreso podrá:
- Establecer el tipo penal único de extorsión a nivel nacional.
- Definir agravantes, delitos relacionados y sanciones claras.
- Incorporar mecanismos efectivos para la protección de víctimas, testigos y ofendidos.
- Establecer estrategias de prevención, investigación y sanción a nivel general.
La extorsión, un problema de seguridad nacional
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la extorsión sigue siendo un problema recurrente, con altos niveles de incidencia en múltiples estados, a pesar de los esfuerzos locales. El reporte de incidencia delictiva de julio de 2025 advierte que los mecanismos actuales resultan insuficientes, por lo que urge una reforma estructural para hacer frente a este flagelo.
Hacia un combate más efectivo
Con esta reforma, el Estado mexicano avanza hacia un modelo de justicia más uniforme y efectivo, cerrando vacíos legales que durante años han dificultado la persecución penal de este delito. Además, se refuerza el enfoque en la atención integral a las víctimas, uno de los sectores más desprotegidos frente a la extorsión.
El proyecto ahora será turnado a los congresos estatales para su aprobación y eventual entrada en vigor.