La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que sus ministras y ministros renunciarán al uso de las camionetas blindadas recientemente adquiridas y que se iniciará el proceso para su devolución o, en su caso, para ponerlas a disposición de personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos, luego de la controversia pública generada por la compra.
El anuncio se realizó este domingo mediante un comunicado difundido en redes sociales, apenas días después de que el Alto Tribunal confirmara la adquisición de nueve unidades con el argumento de “garantizar condiciones adecuadas de seguridad” para sus integrantes. La decisión provocó críticas debido al compromiso de austeridad asumido por los actuales ministros, quienes iniciaron funciones en septiembre, encabezados por el ministro presidente Hugo Aguilar.
“Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta Corte informan su decisión de no utilizarlos. Asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable”, señaló la SCJN. Hasta el momento, ningún ministro se ha pronunciado de manera individual.
En el mismo mensaje, el Máximo Tribunal reiteró su compromiso con el uso responsable de los recursos públicos y anunció que este lunes se ofrecerá una conferencia de prensa para ampliar la información. Las camionetas adquiridas tendrían un costo que oscila entre 1.5 y 3 millones de pesos, dependiendo del nivel de blindaje.
Cabe recordar que, en un comunicado previo difundido esta semana, la Corte defendió la compra de los vehículos, argumentando que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares mínimos de seguridad, de acuerdo con dictámenes técnicos emitidos por autoridades federales. Asimismo, precisó que la renovación se realizó conforme a la normatividad interna vigente desde 2019, la cual establece la sustitución periódica de este tipo de vehículos por razones de seguridad y operación.
La decisión de devolver las camionetas marca un giro en la postura del Alto Tribunal, en un contexto de escrutinio público sobre el gasto institucional y la congruencia con las políticas de austeridad.
La Gaceta Yucatán—Redacción.