- La llegada de Hugo Aguilar Ortiz a la presidencia de la Suprema Corte marca una inédita transición con fuerte carga política, en medio de una creciente subordinación del Poder Judicial al nuevo régimen.
Bajo el discurso de una “transición fluida” y un “acto republicano”, el ministro electo Hugo Aguilar Ortiz —próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)— confirmó que ya coordina los detalles logísticos y simbólicos para la instalación del nuevo Poder Judicial, que comenzará funciones el 1 de septiembre. Sin embargo, más allá del protocolo, la elección de Aguilar Ortiz ha encendido alertas por lo que representa: una ofensiva política directa sobre la independencia del máximo tribunal del país.
La afirmación de que “fluye la transición” con la ministra presidenta saliente, Norma Piña, contrasta con el telón de fondo de esta sucesión: una campaña sistemática del oficialismo por desarticular contrapesos, deslegitimar al Poder Judicial y reconfigurarlo como una instancia alineada al Ejecutivo.
Una presidencia judicial con padrinos políticos
Hugo Aguilar Ortiz, abogado de origen indígena y próximo titular de la Corte, acudió este martes al Senado, donde sostuvo una reunión con los senadores morenistas Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña, líderes de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva, respectivamente.
El encuentro, más allá de la cortesía institucional, refleja el claro respaldo político de la 4T a Aguilar Ortiz, quien ha sido promovido como el perfil ideal para garantizar la ejecución de los planes judiciales de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
La propia invitación a Sheinbaum para asistir a la sesión solemne de instalación del nuevo pleno judicial es vista por analistas como un gesto de alineamiento. “Será un acto republicano de gran importancia, como el momento lo merece”, declaró el ministro electo, sin ocultar la carga política del evento.
La Corte bajo riesgo: de contrapeso a estructura subordinada
Aguilar Ortiz ha insistido en que su llegada simboliza un momento “histórico” e “inédito”. Pero lo verdaderamente inédito es el modo en que el Poder Ejecutivo ha intervenido en la elección del nuevo liderazgo judicial, mediante presión política, reformas estructurales propuestas y una narrativa sostenida de descrédito contra jueces y magistrados que han actuado con independencia.
El futuro de la Corte —y de su función como árbitro constitucional— podría verse comprometido si se confirma que la nueva presidencia responde a encargos políticos más que a criterios de autonomía y técnica jurídica.
¿Un Poder Judicial al servicio del régimen?
El próximo periodo de Aguilar Ortiz estará marcado por un escenario de alta tensión: reformas judiciales impulsadas desde el Congreso dominado por Morena, juicios clave relacionados con empresas estatales, libertad de expresión, y posibles impugnaciones electorales.
Frente a ese panorama, la independencia del Poder Judicial no sólo es deseable, sino imprescindible. Sin embargo, todo apunta a que se está instalando una Corte funcional al nuevo régimen y a su narrativa de “Poderes que surgen del pueblo”, como lo expresó el propio ministro electo.
Más que una transición institucional, lo que se avecina es una reorganización del aparato judicial bajo la lógica del poder, donde la Suprema Corte corre el riesgo de dejar de ser contrapeso para convertirse en brazo legitimador de decisiones políticas.
La Gaceta Yucatán—Redacción.