- La reciente elección de magistraturas en Yucatán desata polémica: cuestionamientos éticos, pugnas internas y vacíos legales empañan un proceso inédito que prometía fortalecer al Poder Judicial.
Un proceso histórico… sin reglas claras
El pasado 1 de junio de 2025, Yucatán celebró por primera vez en su historia una elección abierta para renovar nueve magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, como parte de la Reforma Judicial aprobada en 2024. La intención: transparentar el acceso a cargos judiciales y acercar al ciudadano al sistema de justicia.
Sin embargo, lo que parecía un avance institucional ha derivado en un escenario turbio. Diversas voces, desde colectivos feministas hasta juristas y activistas, han señalado que el proceso careció de parámetros normativos claros, especialmente en:
• Criterios de selección y evaluación de candidaturas.
• Requisitos de elegibilidad y mecanismos de depuración ética.
• Procedimientos internos para designar a la persona titular de la presidencia del Tribunal.
La elección, marcada por la desinformación. Se comenta en el medio judicial que la maquinaria electoral favorecería con más votos al licenciado Hernán Vega Burgos y así sería el próximo Presidente del Tribunal Superior de Justicia. El tema se tornó aún más confuso cuando la opinión pública comenzó a enterarse de algún parentesco entre Erika Beatriz Torres López, la candidata más votada y potencial presidenta del Tribunal, con una figura política de poder en el propio Gobierno del Estado.
Estas narrativas han ganado espacio en redes sociales y medios de opinión, erosionando la legitimidad del proceso ya que Hernán Vega Burgos, se perfilaba como la persona idónea para ocupar la Presidencia y asegurar el buen rumbo del Tribunal Superior, incluso con el beneplácito del Gobernador del Estado, Joaquín Díaz Mena.
En este sentido, el Poder Judicial envió ya una iniciativa al Congreso para reformar la Ley Orgánica y, entre otras modificaciones, se pretende reformar el artículo 39 de dicha Ley para que, si la persona (más votada) declinara o renunciara a la presidencia, ésta se asigne a la siguiente magistratura en funciones que corresponda conforme al número de votos obtenidos en elección. De esta forma Vega Burgos ocuparía la Presidencia del Tribunal Superior.
Aunque esta medida ha sido vista como una enmienda política para facilitar el acceso de Vega Burgos a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, puede decirse que resulta efectiva para asegurar la buena marcha del Poder Judicial ya que Vega tiene la experiencia necesaria para acabar con la crisis de falta de confianza institucional que la sociedad tiene pendiente con el Poder Judicial.
¿Qué ocurre cuando no hay un marco claro?
La transición judicial en Yucatán demuestra que incluso procesos con intención democratizadora pueden convertirse en instrumentos de opacidad y simulación, si no se acompañan de marcos jurídicos sólidos, mecanismos de fiscalización ciudadana y una ética pública firme.
En este caso, el desconocimiento generalizado de las reglas, sumado a la desinformación, ha generado:
• Confusión pública sobre los verdaderos responsables del proceso.
• Supuestas pugnas políticas o familiares difundidas en redes sociales.
• Desgaste institucional, en un Poder Judicial que requiere legitimidad para aplicar justicia.
De esta forma, la elección judicial en Yucatán marca un precedente en el país pero también deja lecciones claras: sin reglas precisas, sin órganos autónomos que velen por la ética judicial y con una ciudadanía poco informada, cualquier proceso innovador corre el riesgo de volverse rehén de intereses personales o políticos.
Ante ello, resulta urgente revisar la legislación electoral judicial, blindar los procesos de selección, y combatir la desinformación con herramientas verificables. Solo así se podrá asegurar que el Poder Judicial sirva a la justicia, y no a los intereses de unos cuantos.
La Gaceta Yucatán—Redacción