Este martes, el Congreso del Estado de Yucatán abordará en sesión extraordinaria un tema clave para el marco legal de los derechos reproductivos en la entidad: la modificación del artículo 1° de la Constitución Política local, específicamente en lo relacionado con el aborto y el derecho a la vida.
La iniciativa, contenida en un proyecto de dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, busca dar cumplimiento a una sentencia federal derivada del juicio de amparo 2204/2021-36, emitido por el Juzgado Tercero de Distrito. La reforma fue aprobada en comisión con mayoría, aunque con el voto en contra de un diputado del PAN, que manifestó su desacuerdo con los términos de la modificación.
¿Qué implica la reforma constitucional propuesta?
El artículo 1° de la Constitución estatal actualmente establece que la protección de la ley inicia desde el momento de la fecundación. Sin embargo, el nuevo dictamen propone eliminar esta cláusula, dejando el texto de la siguiente forma:
“El Estado de Yucatán reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano.”
Con esta modificación, se eliminaría la referencia expresa a la fecundación como inicio de la protección legal, lo cual es un paso necesario —según el fallo federal— para armonizar la legislación estatal con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de derechos humanos y derechos reproductivos.
Antecedentes legales y mandato judicial
El 9 de diciembre de 2024, un Juzgado Federal exhortó al Congreso de Yucatán a cumplir con la resolución emitida por la Primera Sala de la SCJN, en la que se estableció que criminalizar el aborto desde la fecundación vulnera los derechos humanos de las mujeres.
Aunque el 9 de abril de 2025 se logró la despenalización del aborto en el Código Penal estatal, la reforma constitucional —más compleja por requerir mayoría calificada— no fue aprobada, lo que ha mantenido al Congreso local en falta frente a la sentencia judicial.
Posibles sanciones por desacato legislativo
De no aprobarse hoy el dictamen y cumplir con la reforma constitucional, el Congreso del Estado podría ser sancionado por inejecución de sentencia federal. Según lo establecido, la multa aplicable oscilaría entre 2,030 y 2,295 UMAS, lo que representa una cifra superior a $259,656 pesos mexicanos.
Esta sesión extraordinaria se lleva a cabo en el marco del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones y representa una oportunidad crucial para el Congreso de cumplir con el mandato judicial y evitar consecuencias legales y administrativas.
Importancia del debate constitucional en Yucatán
Este proceso legislativo no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también políticas y sociales. La modificación constitucional sobre el inicio de la protección legal de la vida impacta directamente en el marco normativo sobre el aborto y podría abrir la puerta a mayores garantías para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Yucatán.
Organizaciones de la sociedad civil, colectivos feministas, grupos religiosos y académicos han seguido de cerca este proceso, que pone a prueba el compromiso del Congreso con el cumplimiento del Estado de Derecho y con la armonización de la legislación local con los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
