En plena temporada vacacional y con playas llenas de visitantes, el gobierno de Yucatán, encabezado por Joaquín Díaz Mena, ha sido criticado por su manejo opaco y tardío ante la emergencia sanitaria derivada de la marea roja que afecta las costas del estado. A pesar del riesgo para la salud pública y la economía local, las autoridades estatales han evitado alertar de forma clara a la población, generando desinformación y preocupación ciudadana.
La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Sayda Rodríguez, denunció la falta de protocolos transparentes y eficientes para enfrentar este fenómeno marino, cuya presencia, aunque natural, se agrava por la negligencia institucional.
“Es fundamental que las y los yucatecos confíen en las autoridades y reciban datos adecuados”, afirmó Rodríguez, quien cuestionó la forma en que el gobierno estatal ha manejado la información relacionada con el fenómeno, pese a contar con el apoyo de instituciones como el CINVESTAV y la UADY.
Vacaciones bajo amenaza, información oficial escasa
Mientras miles de familias disfrutan del periodo vacacional en las playas yucatecas, las autoridades apenas han emitido comunicados escuetos y sin advertencias claras sobre los riesgos del contacto con especies marinas contaminadas, ni del consumo de productos del mar potencialmente tóxicos.
A pesar de que se instaló el Comité de Marea Roja, la legisladora panista señaló que no basta con acciones burocráticas: se necesitan protocolos confiables y accesibles para la población, además de una comunicación proactiva y oportuna ante los riesgos que representa la toxina marina.
“Se trata de una tormenta perfecta generada por múltiples factores, entre ellos la carga orgánica en el mar, la temperatura del agua, las corrientes y la presión atmosférica”, explicó Rodríguez, quien también fue secretaria de Desarrollo Sustentable en el estado.
Ocultamiento de riesgos y falta de monitoreo real
De acuerdo con expertos, la presencia de marea roja puede provocar intoxicaciones severas, problemas respiratorios y la muerte de fauna marina. Sin embargo, el gobierno de Díaz Mena ha preferido minimizar el tema en lugar de implementar campañas de información pública o suspender actividades turísticas de riesgo, priorizando la imagen del estado por encima de la salud de los ciudadanos y turistas.
Rodríguez recordó que en la Ley de Gestión Integral de Aguas —ya aprobada— se contempla la creación de una Agencia Estatal de Aguas y un sistema de monitoreo de calidad del agua. No obstante, la falta de voluntad política ha frenado su implementación efectiva, a pesar del aumento de eventos ambientales críticos como este.
“Hay recursos legales y técnicos, pero no se están utilizando como deberían”, apuntó la legisladora.
La marea roja pone a prueba la responsabilidad ambiental del nuevo gobierno
Con apenas unos meses en el cargo, la gestión de Díaz Mena enfrenta su primer gran reto ambiental, y los resultados dejan más preguntas que respuestas. La omisión de alertas tempranas, el retraso en la instalación de medidas preventivas y la ausencia de comunicación efectiva colocan en entredicho el compromiso del nuevo gobierno con la salud pública y la protección del medio ambiente.
Organizaciones civiles y académicos han comenzado a exigir mayor transparencia, así como la activación de mecanismos de coordinación interinstitucional para evitar que este tipo de fenómenos sigan siendo tratados con negligencia política, sobre todo cuando el turismo —uno de los pilares económicos del estado— está directamente en riesgo.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
