- Con una votación dividida, la SCJN desestima impugnaciones contra reforma judicial impulsada durante el gobierno de Mauricio Vila; magistraturas se prolongarán por hasta 15 años.
Corte Suprema convalida polémica ampliación de mandatos judiciales en Yucatán; durarán hasta 2042
En una controvertida decisión de alto impacto judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este martes la prolongación de mandatos de magistrados en Yucatán hasta por 15 años, desechando acciones de inconstitucionalidad promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Con esta resolución, se mantienen vigentes las disposiciones de la reforma judicial local impulsada durante el mandato del exgobernador panista Mauricio Vila Dosal, que permitirá a magistrados nombrados en 2025 y 2026 mantenerse en funciones hasta 2033 o 2036, y a quienes sean electos en 2027 extender sus periodos hasta 2042.
Corte opta por el sobreseimiento de artículos clave
La discusión se centró en los artículos transitorios séptimo, octavo y noveno del decreto 55/2025, una reforma constitucional local promulgada en marzo pasado. Estos artículos, ahora señalados por permitir una ampliación “excepcional e injustificada” de los cargos, fueron objetados por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien advirtió que desnaturalizan el modelo federal y violan los límites establecidos en la Constitución mexicana.
“El diseño adoptado en Yucatán contradice el propósito central de la reforma judicial nacional aprobada en septiembre de 2024”, afirmó Ortiz durante la última sesión del actual Pleno, en la que participaron varios ministros que dejarán el cargo el 31 de agosto.
Pese a los argumentos, la mayoría del Pleno decidió sobreseer los artículos impugnados, bajo el argumento de que ya cumplieron su función organizativa al regular una elección extraordinaria de magistraturas que ya se realizó y fue declarada válida. Por tanto, la Corte optó por no analizarlos a fondo, generando críticas por parte de sectores que esperaban una decisión más contundente.
Voces divididas dentro de la SCJN
La decisión no fue unánime. La ministra Lenia Batres Guadarrama aceptó la validez de la renovación escalonada del Poder Judicial, pero calificó como “desproporcionados e inconstitucionales” los periodos de 11 y 15 años, al rebasar los límites de cinco y ocho años establecidos en el artículo 116 de la Constitución federal para los cargos judiciales locales.
Por su parte, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo defendió la constitucionalidad de la reforma, argumentando que las reglas aportaron certeza jurídica a candidatos y ciudadanos durante el proceso electoral local, por lo que invalidarlas ahora sería alterar un proceso concluido.
El ministro Javier Laynez Potisek, sin embargo, aclaró que la discusión no era de carácter electoral sino constitucional, postura que también había sostenido el Tribunal Electoral en su dictamen previo.
Vínculos con Mauricio Vila, bajo escrutinio
Los magistrados que permanecerán en sus cargos hasta 2042 fueron en su mayoría propuestos en su momento por el exgobernador Mauricio Vila Dosal, lo que ha generado inquietud sobre la imparcialidad y autonomía del Poder Judicial yucateco. Diversas voces consideran que la reforma busca blindar políticamente a funcionarios afines al anterior gobierno, perpetuando su influencia en el aparato judicial.
Reacciones y preocupación por retrocesos
Expertos en derecho constitucional y organismos civiles han expresado su preocupación ante lo que consideran un precedente riesgoso, al permitir que reformas locales amplíen los plazos de cargos judiciales sin un sustento constitucional sólido, y sin que la Corte emita un pronunciamiento de fondo sobre su validez.
La decisión llega en un momento de transición dentro del máximo tribunal, con varios ministros a punto de dejar su cargo, lo que ha sido interpretado por analistas como una salida política para evitar un fallo vinculante que pudiera sentar jurisprudencia.
Con esta determinación, Yucatán se convierte en uno de los pocos estados donde los magistrados podrán permanecer hasta tres veces más tiempo que el estándar constitucional, lo que reaviva el debate sobre la independencia judicial y los límites al poder en el ámbito local.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
