Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, Raymundo López Martínez, quien fuera oficial mayor del Ayuntamiento de Cozumel, fue llevado ante un juez de control en Yucatán para responder a las imputaciones que pesan en su contra por delitos como extorsión, portación de armas prohibidas y ataques peligrosos.
Detención y traslado
El arresto ocurrió el pasado 17 de septiembre en Mérida, en el kilómetro 22 del anillo periférico, a cargo de elementos de la Policía Estatal de Yucatán, según consta en el Registro Nacional de Detenidos. López Martínez fue trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mérida, donde permanece bajo custodia en espera de que el juez determine su situación legal.
Imputaciones y contexto
La Fiscalía local formuló cargos contra el exfuncionario por extorsión, portación de armas prohibidas y ataques peligrosos. Estas acusaciones se suman a señalamientos previos de corrupción durante su ejercicio público, tanto en Cozumel como en el municipio de Benito Juárez.
Cabe destacar que López Martínez ya no ostentaba un cargo público al momento de su captura, aunque había sido removido de la titularidad municipal en Cozumel en mayo pasado tras críticas por omisiones en supervisión de seguridad, entre ellas la falla en el mantenimiento de un elevador del palacio municipal.
Comparecencia ante juez de control
Durante la audiencia ante el juez de control en Yucatán, se rubricaron los procedimientos formales para que el imputado conozca los cargos en su contra. Las autoridades buscarán que se vincule a proceso el caso, y se decidirán las medidas cautelares que se impondrán (prisión preventiva, fianza, arraigo, etc.).
Hasta el cierre de esta edición, el juez no ha emitido una resolución definitiva. Se espera que en los próximos días se determine si López Martínez seguirá en prisión preventiva o podrá enfrentar el proceso en libertad bajo ciertas condiciones.
Repercusiones políticas y de investigación
El caso ha generado expectativa política en Quintana Roo y Yucatán, pues López Martínez era considerado un operador político con vínculos en distintos gobiernos municipales. Para la Fiscalía, éste representa un caso de alto perfil que podría sentar precedentes en la persecución de delitos de corrupción y crimen organizado en el sureste.
La vigilancia mediática del proceso será intensa, dada la naturaleza de los cargos y lo que esté en juego: la credibilidad institucional y la posibilidad de que otros funcionarios sean investigados.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
