- La desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones pone en riesgo la competencia, la calidad del servicio y los derechos digitales de millones de mexicanos.
La reciente aprobación de la disolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por parte del Congreso mexicano ha generado una ola de preocupación entre especialistas, defensores de derechos digitales y millones de usuarios de servicios de telefonía e internet. El órgano autónomo, creado en 2013 para garantizar la competencia en el sector y proteger a los consumidores, dejará de operar tras más de una década de vigilar a gigantes como Telcel, AT&T, Megacable e Izzi.
Con su desaparición, México queda sin un árbitro neutral que controle los abusos de las grandes empresas de telecomunicaciones, en un país donde el acceso a internet y la telefonía móvil ya presentan grandes brechas de calidad, cobertura y precio.
Un retroceso en derechos digitales
“El IFT fue una conquista ciudadana y su eliminación representa un retroceso alarmante”, advierte Irene Levy, experta en telecomunicaciones. “Los usuarios pierden al único organismo especializado que velaba por sus derechos frente a empresas dominantes como Telcel”.
El Instituto no solo regulaba tarifas, resolvía disputas entre compañías y otorgaba licencias de espectro radioeléctrico, sino que también sancionaba prácticas monopólicas y obligaba a mejorar la calidad del servicio. Sin esa supervisión, se teme un regreso a los monopolios y al estancamiento tecnológico.
¿Quién protegerá ahora a los usuarios?
Sin el IFT, los consumidores enfrentan una seria indefensión. “¿A quién podrá acudir una persona que sufre cobros indebidos por parte de AT&T o Telcel? ¿Quién va a vigilar que los paquetes de internet no sean engañosos o que la velocidad ofrecida sea real?”, cuestiona Carlos Brito, director de la organización civil R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales.
Los especialistas también alertan que, sin un regulador autónomo, los procesos de asignación de espectro, licencias y regulación de contenidos podrían estar sujetos a decisiones políticas, lo que debilita la transparencia y la neutralidad del sector.
Pérdida de inversión y competencia
El IFT fue clave para abrir la puerta a nuevos competidores en telefonía móvil e internet. Gracias a su labor, empresas como AT&T pudieron entrar al mercado mexicano, presionando a Telcel a bajar precios y mejorar servicios. La salida de este árbitro podría desalentar la inversión extranjera y aumentar la concentración de mercado.
De hecho, Telcel sigue siendo considerado un agente económico preponderante, lo que implica que controla más del 50% del mercado móvil. Sin el contrapeso del IFT, la empresa del Grupo Carso podría recuperar prácticas que antes fueron sancionadas.
Una decisión con impacto en millones
Según datos del propio IFT, México cuenta con más de 130 millones de líneas móviles activas y 92 millones de usuarios de internet, muchos de ellos en zonas rurales donde los abusos de las compañías son más frecuentes y difíciles de denunciar.
La disolución del Instituto, impulsada bajo el argumento de “simplificar el aparato estatal”, deja a estos millones de mexicanos sin un defensor técnico, autónomo y especializado en un sector estratégico para el desarrollo del país.
La desaparición del IFT no solo representa una pérdida institucional, sino un riesgo real y tangible para el bolsillo, los derechos y la conectividad de los ciudadanos. En un mundo donde la comunicación digital es esencial, México da un paso atrás al dejar sin vigilancia a quienes controlan las autopistas de la información.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
