La ejecución del alcalde independiente Carlos Manzo, ocurrida la noche del 1 de noviembre de 2025, no sólo estremeció a Michoacán. Fue una señal más del estado de indefensión en que viven los políticos locales que se atreven a denunciar al crimen organizado y a exigir acción al Gobierno federal.
El asesinato, perpetrado durante la Fiesta de las Velas, convirtió una celebración del Día de Muertos en un episodio de terror político. Manzo fue acribillado frente a decenas de habitantes mientras convivía con su hijo y encendía la llama simbólica de la ceremonia.
Su muerte, en el corazón del segundo municipio más poblado de Michoacán, exhibe con crudeza el vacío de poder y la incapacidad del Estado mexicano para proteger a sus propias autoridades, incluso a quienes contaban —según la versión oficial— con protección federal.
Un llamado ignorado: la soledad de un alcalde que se enfrentó al crimen
Durante meses, Manzo había denunciado el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Uruapan, reclamando la falta de apoyo de los gobiernos estatal y federal. En entrevistas y mensajes públicos pidió refuerzos, patrullajes y acciones concretas. No los obtuvo.
“No quiero ser un alcalde más de los ejecutados”, había declarado días antes de su muerte.
“Pero no haré pactos con el crimen organizado.”
Su advertencia se convirtió en profecía. A pesar de sus solicitudes formales de ayuda, fue abandonado por las autoridades que juraron protegerlo.
La respuesta oficial llegó tarde. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el “vil asesinato” más de 12 horas después del atentado, cuando incluso el gobierno de Estados Unidos ya había expresado condolencias a su familia.
La crisis de la seguridad municipal: cuando gobernar se convierte en una sentencia
El caso de Carlos Manzo no es aislado. Entre 2018 y 2025, más de una docena de alcaldes michoacanos fueron ejecutados. Ninguno de esos crímenes tiene sentencia firme.
El patrón se repite: amenazas previas, solicitudes de apoyo, indiferencia institucional y asesinatos impunes.
Michoacán, que desde hace años funge como laboratorio de la militarización de la seguridad pública, sigue mostrando los mismos síntomas: presencia de tropas sin control territorial efectivo, crimen organizado fortalecido y una ciudadanía que percibe al Estado como un espectador de la violencia.
La ejecución de Manzo reaviva la pregunta sobre la eficacia del modelo federal de seguridad, basado en reportes optimistas y cifras que contrastan con la realidad en las calles.
Un crimen con mensaje: “No mandan ustedes, mandamos nosotros”
Carlos Manzo había ganado la alcaldía como candidato independiente, sin el respaldo de partidos ni estructuras de poder, con la promesa de gobernar sin pactar con los cárteles.
En Uruapan —clave para la economía del aguacate y la producción de metanfetaminas— su postura fue interpretada como una provocación. Su ejecución, en público y sin freno, fue un mensaje dirigido a todos los que pretendan romper el pacto del silencio: la autonomía política tiene un costo mortal.
Expertos en seguridad advierten que este tipo de asesinatos, realizados con total visibilidad, son formas de disciplinamiento social que reafirman el control criminal sobre los territorios.
“Cuando un alcalde muere de esa manera, no sólo se asesina a una persona; se asesina la autoridad civil”, señala un analista consultado.
“El Estado no sólo no protegió a Manzo. Lo dejó morir.”
La indiferencia oficial y el costo del valor individual
La reacción del Gobierno federal fue inmediata solo en retórica. Una reunión urgente del gabinete de seguridad en Palacio Nacional duró poco más de dos horas, sin anuncios concretos.
La narrativa oficial se centró en que el alcalde “contaba con protección federal”, aunque ninguna imagen del crimen mostró la presencia de escoltas.
En el fondo, el asesinato de Manzo revela una verdad incómoda: en México, la valentía no garantiza protección, y la honestidad no es un blindaje ante el poder armado.
El alcalde murió como vivió: enfrentando solo una estructura de poder criminal y un sistema político que no sabe —o no quiere— proteger a quienes lo desafían.
Un país en donde la impunidad manda
La muerte de Carlos Manzo sintetiza el drama mexicano contemporáneo: un país donde el crimen organizado impone sus reglas, donde la línea entre autoridad y delincuencia se difumina, y donde la impunidad se repite con la monotonía de lo inevitable.
Su ejecución no sólo representa el fracaso de las instituciones. Es el recordatorio de que la democracia local sigue a merced del miedo y del silencio impuesto por las balas.
Cada vez que un político es asesinado por hablar, el Estado pierde un fragmento más de legitimidad.
Y mientras las cifras oficiales siguen prometiendo descensos en la violencia, la realidad en lugares como Uruapan confirma lo contrario: en México, quien rompe las reglas del miedo, muere, y quien debería protegerlo, calla.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
