La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la compra de nueve camionetas blindadas para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) derivó de un cambio de esquema contractual que habría permitido un ahorro superior a mil millones de pesos, aunque subrayó que corresponde exclusivamente al Poder Judicial aclarar, justificar y transparentar dicha operación.
Durante su conferencia, la mandataria explicó que la adquisición no fue realizada por el gobierno federal, sino por el propio Poder Judicial a través de su órgano administrativo, luego de que el tema generara polémica pública por el tipo de vehículos, su costo y el contexto de austeridad en el gasto público.
Sheinbaum detalló que solicitó información tras conocer la publicación periodística sobre el caso. A partir de ello, la Secretaría de Gobernación consultó al Comité de Administración del Poder Judicial, el cual entregó una nota informativa en la que se expone que la decisión respondió a la sustitución de un contrato de arrendamiento vehicular por la compra directa de las unidades.
“Existía un contrato de renta de vehículos y se decidió sustituirlo por la compra, lo que habría generado un ahorro de más de mil millones de pesos”, explicó la presidenta, al precisar que esta fue la información proporcionada de manera institucional por la Corte.
No obstante, Sheinbaum fue enfática en marcar límites entre poderes y reiteró que toda la información detallada debe ser dada a conocer por la SCJN. “Todo ello tiene que informarlo la Corte”, insistió, al señalar que se trata de un órgano autónomo responsable de rendir cuentas sobre el uso de recursos públicos.
Las unidades adquiridas corresponden a camionetas Jeep Grand Cherokee con blindaje especializado. De acuerdo con información difundida por medios nacionales, el precio de cada vehículo sin blindaje ronda entre 1.1 y 1.8 millones de pesos, mientras que el blindaje tendría un costo adicional cercano a los 2 millones de pesos, lo que elevaría el costo total por unidad a más de 3 millones de pesos.
La justificación oficial de la Suprema Corte es que la renovación del parque vehicular respondió a opiniones técnicas de autoridades federales, que determinaron que las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su uso comprometía la operación institucional y la protección de los ministros.
Sin embargo, la compra ha generado cuestionamientos debido a que ocurre después de que la presidencia de la SCJN anunciara una nueva etapa marcada por la austeridad, cercanía con la ciudadanía y eliminación de gastos superfluos. Hasta ahora, no se ha informado públicamente sobre amenazas específicas, resoluciones judiciales que incrementaran el nivel de riesgo o reportes que expliquen la urgencia del blindaje.
La Corte también informó que la adquisición se realizó de manera paralela a un proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al número de unidades compradas, con el objetivo de no generar un gasto adicional. No obstante, no se han detallado cuántos vehículos fueron dados de baja, su estado operativo ni su destino final.
Sheinbaum reiteró que su gobierno únicamente transmitió la información recibida de manera institucional y volvió a subrayar que corresponde a la SCJN explicar públicamente los criterios técnicos, administrativos y presupuestales, así como la forma en que se integró el supuesto ahorro reportado.
“Todo tiene que informarlo la Corte”, recalcó la presidenta, al insistir en que la transparencia es indispensable, especialmente cuando se trata de compras de alto costo relacionadas con la seguridad de altos funcionarios.
En el mismo espacio, Sheinbaum fue cuestionada sobre el desempeño del nuevo pleno de la Suprema Corte. Evitó emitir juicios políticos y defendió que el máximo tribunal sesiona de manera pública, permitiendo que cualquier ciudadano conozca los argumentos de las ministras y ministros.
“La función principal de la Corte es definir la constitucionalidad de las leyes y actos de autoridad”, concluyó, al señalar que el debate jurídico debe analizarse a partir de sus resoluciones y no de interpretaciones políticas.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
