La Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado de Yucatán aprobó por mayoría el dictamen que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en el marco del proceso de armonización normativa y ajustes estructurales al sistema judicial local. Estas modificaciones, impulsadas por la magistrada presidenta María Carolina Silvestre Castro Valdés, serán discutidas próximamente en el Pleno legislativo.
Las reformas buscan alinear la legislación estatal con principios nacionales de eficiencia, transparencia y separación de funciones dentro del Poder Judicial. Sin embargo, el dictamen incluye cambios de última hora que han generado controversia entre distintos sectores del Congreso y de la sociedad civil.
Cambios principales del dictamen aprobado
• Nueva estructura presupuestal: El Poder Judicial deberá presentar su proyecto de presupuesto dentro de los cinco días naturales siguientes a la entrega del Ejecutivo estatal.
• Rendición de cuentas obligatoria: Dos integrantes del Consejo de la Judicatura deberán comparecer cuando el Congreso lo solicite, para aclarar o justificar partidas presupuestales.
Cambios polémicos integrados en julio de 2025
Durante el proceso de dictaminación del 12 de julio, se agregaron disposiciones que causaron tensiones políticas:
• Se permite que una persona electa como presidenta o presidente del Tribunal Superior pueda declinar el cargo sin perder su calidad de magistrado, dejando su lugar a un suplente, como fue el caso de Erika Torres López.
• Por propuesta del diputado Gaspar Quintal (PRI), se amplió la jurisdicción del Tribunal de Disciplina Judicial, otorgándole facultades para sancionar también a magistrados y no solo a jueces de primera instancia.
• Quintal también planteó que los jueces de paz sean pagados por el Poder Judicial, en vez del Ayuntamiento de Mérida, pero esta iniciativa fue rechazada, provocando que el legislador votara en contra del dictamen final.
• De forma discreta, diputados de Morena reincorporaron la figura del “haber de retiro” para magistrados, reviviendo un tema que previamente había generado rechazo en la opinión pública.
Próximos pasos legislativos
El dictamen aprobado este 12 de agosto pasará ahora al Pleno del Congreso estatal, donde se prevé un debate intenso por las implicaciones legales y políticas de las modificaciones. Organizaciones civiles y barras de abogados han solicitado que se garantice la transparencia del proceso y se eviten reformas que beneficien intereses particulares.
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Por qué importa esta reforma
La armonización normativa de los poderes judiciales estatales es un mandato derivado de reformas federales. No obstante, en Yucatán, el proceso ha sido acompañado de propuestas que modifican la autonomía interna del Poder Judicial, abren la puerta a nuevas interpretaciones legales y plantean dudas sobre los contrapesos institucionales.
La Gaceta Yucatán—Redacción
