- La admisión de culpabilidad de Ovidio Guzmán en EE.UU. reaviva sospechas sobre presuntos pactos y omisiones del gobierno mexicano en casos de alto perfil del narcotráfico.
El reciente enfrentamiento verbal entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán López —hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y figura clave del Cártel de Sinaloa—, ha encendido las alarmas sobre la posible exclusión del gobierno de México en acuerdos judiciales con narcotraficantes y, al mismo tiempo, ha generado especulación sobre una política de contención pactada con los cárteles.
La polémica surgió a raíz de la audiencia del viernes 11 de julio en la que Ovidio Guzmán se declaró culpable de narcotráfico y conspiración criminal ante una corte federal de Estados Unidos. La declaración se produjo el mismo día en que Sheinbaum visitó Culiacán, Sinaloa —epicentro del Cártel de Sinaloa—, lo que avivó versiones de un vínculo entre el poder político y las élites del narco.
¿México al margen de acuerdos con narcotraficantes?
Tras la audiencia, Lichtman aseguró que el gobierno mexicano no formó parte del proceso de negociación entre su cliente y las autoridades estadounidenses, señalando que los comentarios de Sheinbaum revelaban molestia por haber sido dejados fuera del trato.
“La idea de que EE.UU. deba incluir al gobierno de México en negociaciones con narcotraficantes es absurda”, dijo Lichtman, aludiendo al silencio de la administración mexicana frente a los acuerdos judiciales entre cárteles y Washington.
La defensa de Guzmán López habría negociado beneficios a cambio de cooperación, lo que colocaría al gobierno mexicano en una posición vulnerable, tanto por su exclusión como por la falta de control y claridad sobre procesos que involucran a criminales de alto perfil capturados en su territorio.
Sheinbaum se deslinda: “Es asunto de la Fiscalía, no del gobierno”
Desde Sinaloa, la presidenta Sheinbaum respondió en conferencia urgente, acompañada del gobernador Rubén Rocha Moya, afirmando que el caso corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR) y no al Ejecutivo.
“Es irrespetuoso decir que el gobierno mexicano estuvo al margen. Pero también es importante aclarar que no defendemos a ningún narcotraficante; hacemos nuestro trabajo para lograr detenciones y reducir la violencia”, afirmó la mandataria.
Insistió en que su visita a Culiacán no estuvo relacionada con la audiencia de “El Ratón” y calificó como “irresponsables” las declaraciones del abogado de Ovidio.
FGR y SRE respaldan al gobierno, pero persisten dudas
Poco después, la FGR emitió un comunicado en el que calificó los dichos de Lichtman como “oportunismo mediático sin pruebas”. Recordó que la detención de Ovidio en septiembre de 2023 fue producto de una operación conjunta del Ejército Mexicano, en la que murieron 10 militares, y que su extradición se basó en un proceso judicial sólido.
Por su parte, Pablo Arrocha, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se sumó al rechazo institucional:
“No caeremos en provocaciones ni debatiremos con abogados de narcotraficantes confesos que solo buscan notoriedad”.
Sin embargo, la falta de transparencia en las negociaciones y la opacidad con la que se manejan las extradiciones y detenciones de altos capos, especialmente cuando coinciden con visitas presidenciales a sus territorios, alimentan la percepción de que existen acuerdos tácitos, omisiones o pactos de no intervención con ciertas organizaciones criminales.
¿Hay acuerdos de facto con los cárteles?
Aunque el gobierno federal rechaza rotundamente cualquier vínculo o protección hacia líderes del narcotráfico, la sistemática negativa a ser parte de negociaciones claves, el control territorial que ejercen los cárteles y las respuestas institucionales defensivas alimentan la narrativa de una relación ambigua con el crimen organizado.
En anteriores ocasiones, voces críticas han denunciado una “estrategia de pacificación pasiva” en regiones dominadas por cárteles, particularmente en estados como Sinaloa, Jalisco y Michoacán. La declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán, sin que México tenga voz en el proceso, refuerza la percepción de debilidad institucional y dependencia de las decisiones estadounidenses en la lucha contra el narco.
Claves del caso:
- Ovidio Guzmán se declara culpable de tráfico internacional de drogas y liderazgo en el Cártel de Sinaloa.
- Estados Unidos negoció directamente con su defensa, sin intervención del gobierno mexicano.
- La presidenta Sheinbaum negó cualquier participación del Ejecutivo y descalificó las declaraciones del abogado de Guzmán.
- FGR y SRE respaldaron la versión oficial, calificando las críticas como oportunismo.
- El caso expone una vez más las tensiones y sospechas sobre supuestos pactos entre el Estado mexicano y cárteles del narcotráfico.
- La Gaceta Yucatán—Redacción.
