- El colectivo de jueces federales “Artículo 41” ha iniciado un proceso internacional para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) enjuicie al Estado mexicano.
- El objetivo es revertir la reforma judicial impulsada por el Gobierno Federal.
23 de Mayo de 2025.- Como parte de esta estrategia, los integrantes del colectivo anunciaron este jueves que han solicitado dos audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales están programadas para celebrarse entre el 21 y el 25 de julio próximos.
La primera audiencia (PS 193-1570) busca exponer ante la CIDH lo que consideran una campaña de persecución penal, disciplinaria y política en contra de jueces federales que han emitido fallos contrarios a los intereses del oficialismo.
La segunda audiencia (PS 193-1573) pretende informar sobre nuevas y graves violaciones a derechos humanos y principios democráticos detectadas durante el proceso de selección de nuevos juzgadores, en el marco de la reforma.
Una de las principales preocupaciones señaladas por el colectivo es que los votos no serán contados por ciudadanos, sino por el Instituto Nacional Electoral (INE), al que acusan de haber sido “colonizado” por el oficialismo, lo que —afirman— compromete la legitimidad del proceso.
Acción ante la CIDH
El 30 de abril de 2025, 65 jueces federales integrantes de “Artículo 41” presentaron una solicitud formal ante la CIDH (registro 98512) para que se inicie una acción de responsabilidad internacional contra el Estado mexicano, por lo que describen como una violación grave y sistemática a los derechos humanos y a la democracia que afecta a toda la ciudadanía.
En su petición, los jueces denuncian que la reforma impone un modelo de designación judicial sin garantías de independencia, eliminando criterios de mérito, carrera judicial y capacidad jurídica, y reemplazándolos por azar, provisionalidad y afinidades políticas.
Según la abogada y experta en el sistema interamericano de derechos humanos, Tamara Taraciuk, en entrevista que dio al semanario “Proceso” en noviembre de 2024, se perfila un escenario muy complejo para la reforma judicial mexicana en tribunales y organismos internacionales, donde será sometida a fuerte escrutinio.
Violación a suspensión judicial
El colectivo también denunció la violación de una suspensión otorgada en el juicio de amparo 1214/2024, radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco. En dicho juicio, más de 850 personas obtuvieron una medida cautelar que prohibía la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) y su transferencia a la Tesorería de la Federación.
Sin embargo, Nacional Financiera habría desobedecido esta orden judicial, transfiriendo los fondos al gobierno federal bajo el argumento de “órdenes superiores”. Posteriormente, la presidenta de la República declaró públicamente que estos recursos serían utilizados para financiar al ISSSTE.
El colectivo califica esta conducta como delictiva y advierte que ha dejado al Consejo de la Judicatura Federal sin recursos para indemnizar a jueces separados de sus cargos como consecuencia directa de la reforma.
La Gaceta Yucatán – Redacción.
