- A pesar del creciente número de casos relacionados con el narcotráfico y el llamado “huachicol fiscal” en México, las autoridades no han logrado detener a los responsables de las redes criminales detrás de estos delitos. El impacto económico es alarmante y la impunidad se mantiene como una constante.
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El narcotráfico, un negocio que no se frena
México continúa siendo uno de los países más golpeados por el narcotráfico. Organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras células regionales mantienen el control de rutas estratégicas de producción, transporte y exportación de drogas, principalmente hacia Estados Unidos.
De acuerdo con datos del Informe Mundial sobre las Drogas 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), México sigue siendo uno de los principales productores de fentanilo, metanfetaminas y marihuana en la región. Solo en 2023, el Ejército y la Marina decomisaron más de 1,300 laboratorios clandestinos de droga sintética, pero estos golpes no se han traducido en procesos judiciales efectivos contra los líderes criminales.
A pesar de estos decomisos, las cifras de detenciones relevantes son mínimas. De los más de 5,000 reportes de operaciones sospechosas en zonas del narco en los últimos tres años, menos del 1% ha resultado en órdenes de aprehensión o sentencias condenatorias.
Huachicol fiscal: un nuevo frente de crimen organizado
Mientras tanto, el llamado “huachicol fiscal” —la evasión de impuestos mediante redes de facturación falsa o contrabando de combustibles— ha tomado fuerza como una modalidad de crimen organizado con graves consecuencias fiscales. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) estima que el país pierde entre 60,000 y 90,000 millones de pesos anuales por este tipo de fraude.
Este esquema involucra empresas fantasma, factureras y operadores financieros que blanquean recursos a través de operaciones simuladas, especialmente en los sectores de hidrocarburos, acero, transporte y alimentos.
Pese a las investigaciones en curso desde 2020, hasta mediados de 2025 no hay detenidos relevantes ni sentencias firmes en casos de huachicol fiscal. En algunos procesos judiciales se han congelado cuentas bancarias, pero no se han revelado nombres ni han avanzado las investigaciones más allá de la etapa administrativa.
Impunidad estructural
Diversos expertos en justicia penal advierten que la falta de coordinación entre las fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha frenado el avance de las investigaciones. Además, la opacidad en la rendición de cuentas complica el seguimiento público de estos casos.
“Existe una enorme brecha entre lo que se decomisa y lo que se judicializa. Eso refleja que el sistema está desbordado o capturado”, señala María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común.
Un problema de seguridad nacional
Tanto el narcotráfico como el huachicol fiscal no solo representan pérdidas económicas millonarias para el país, sino que han infiltrado estructuras gubernamentales, procesos electorales y cadenas logísticas clave. La falta de castigo envía un mensaje claro: el crimen organizado puede operar sin consecuencias reales.
A medida que las elecciones de 2027 se acercan y el clima político se polariza, el combate a la impunidad en estos delitos será un punto crucial para cualquier gobierno que aspire a recuperar la confianza ciudadana.
La gaceta Yucatán–Redacción.
