Un exhaustivo reporte periodístico revela que al menos 11 mil hectáreas de terrenos federales en Yucatán fueron ilegalmente adjudicadas a particulares mediante falsificación de documentos, alteración de registros y —según las evidencias— con probable complicidad de autoridades estatales.
- La investigación señala que durante los gobiernos de la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco (2007-2012) y del exgobernador Rolando Zapata Bello (2012-2018) se registraron al menos 24 “mega terrenos” nacionales que, mediante irregularidades, dejaron de ser propiedad de la Nación para pasar a particulares.
- En muchos casos los predios se registraron a nombre de familiares de altos funcionarios estatales. En un ejemplo emblemático, 600 hectáreas en el puerto de Sisal (municipio de Hunucmá) fueron registradas irregularmente en 2012. Tiempo después ese terreno se vendió por varios millones, y actualmente su valor catastral supera los 160 millones de pesos.
Mecanismos y alcance
La operación incluyó: falsificación de documentos, asignación de títulos originalmente destinados a otros estados (Baja California, Puebla, Hidalgo, Veracruz), alteración de coordenadas y validación de escrituras falsas; además de inscripciones ilegales en el Registro Público de la Propiedad y en el Registro Agrario.
Los terrenos implicados no se limitan a una región: incluyen municipios como Mérida, Celestún, Ucú, Hunucmá, Río Lagartos, Tekax, Chicxulub Pueblo, entre otros.
Este fenómeno forma parte de una problemática estructural: de acuerdo con organizaciones civiles que han documentado la privatización de tierras comunales y ejidales desde la década de 1990, cientos de miles de hectáreas en la península (incluyendo Yucatán) han pasado a manos privadas, lo que ha debilitado la seguridad jurídica de comunidades mayas y campesinas.
Ambiente actual en Yucatán: despojo y desmonte bajo administración Morena
Aunque los hechos denunciados corresponden a administraciones priistas, el escenario actual en Yucatán —gobernado por el partido Morena — sigue marcado por tensiones en torno al uso de la tierra, la conservación ambiental y la regulación del territorio. Recientemente, la dependencia federal ambiental PROFEPA clausuró terrenos en Tekax por remoción ilegal de selva, lo que evidencia que los riesgos persisten.
Además, en 2025 fueron vinculadas a proceso personas acusadas de vender y lotificar terrenos costeros en Sisal, lo que muestra que los abusos también han alcanzado zonas vulnerables ecológica y socialmente.
Al mismo tiempo, tras operativos en la península, se han asegurado miles de hectáreas deforestadas ilegalmente, lo que subraya la urgencia de controles efectivos —no sólo sobre bienes nacionales, sino sobre todo suelo forestal o costero.
Implicaciones jurídicas y sociales
- El despojo revela una red de complicidades entre exfuncionarios, autoridades agrarias o registrales, y empresarios, lo que implica graves violaciones al derecho al territorio, al patrimonio nacional, y a la protección de bienes comunes.
- Las comunidades mayas, campesinas y ejidales —ya marcadas por desigualdades históricas— resultan profundamente afectadas: se erode su patrimonio, su base territorial y su capacidad de acceder a tierras dignas para el cultivo, vivienda o actividades tradicionales.
- El caso exige un ejercicio riguroso de rendición de cuentas, investigación de actos de corrupción, restauración de derechos y restitución de tierras cuando proceda.
- Las autoridades federales y estatales deben abrir investigaciones judiciales serias e imparciales sobre los casos documentados, y procesar penalmente a quienes participaron en el fraude.
- Implementar mecanismos transparentes de revisión registral, auditoría de títulos y supervisión ciudadana para evitar nuevas apropiaciones.
- Garantizar la protección de ecosistemas, comunidades rurales e indígenas ante el nuevo contexto de expansión inmobiliaria o turística en Yucatán.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
