- Censura bajo presión: INE exige a La Silla Rota revelar fuentes y amenaza con multa millonaria por nota sobre ‘acordeones’ en elección judicial
- La solicitud del INE se da en un contexto creciente de hostigamiento judicial a la prensa en México, alertan organizaciones periodísticas y defensores de derechos humanos.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha lanzado un requerimiento oficial contra el medio digital La Silla Rota, exigiendo que entregue información y documentación relacionadas con una nota periodística publicada el 9 de junio, bajo la amenaza de imponer una multa que podría alcanzar los 100 mil días de salario mínimo, es decir, una suma superior a los 11 millones de pesos.
La nota en cuestión documenta la denuncia de un aspirante a magistrado en materia administrativa, quien acusó a funcionarios de la alcaldía Venustiano Carranza y del gobierno de la Ciudad de México de distribuir “acordeones” —guías de votación— durante la jornada electoral del 1 de junio, con el aparente objetivo de inducir el voto a favor de ciertos candidatos al Poder Judicial.
A pesar de que la publicación incluye el nombre y cargo del denunciante, evidencia en video y una denuncia formal presentada ante la Fiscalía capitalina, el INE solicitó —mediante el expediente INE/Q-COF-UTF/293/2025— que el medio entregue “toda la información y documentación que sea de relevancia para el esclarecimiento de los hechos denunciados”.
Esta acción representa un posible acto de censura y violación a la secrecía periodística, al contravenir tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 6 y 7), como la Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico vigente en la Ciudad de México. Esta ley establece con claridad que ninguna autoridad puede obligar a un periodista a revelar la identidad de sus fuentes ni el contenido no publicado de su trabajo informativo.
Un patrón preocupante de censura judicial
Este caso no es un hecho aislado. En las últimas semanas, periodistas y medios de comunicación en todo el país han denunciado presiones similares:
- En Tamaulipas, el Tribunal Electoral ordenó al periodista Héctor de Mauleón y al periódico El Universal retirar una columna crítica tras una demanda de una candidata local. De forma alarmante, el INE colaboró con el tribunal entregando datos personales del periodista.
- En Campeche, la gobernadora Layda Sansores emprendió acciones legales contra el periodista Jorge González, jubilado y colaborador del diario Tribuna de Campeche, por supuestos agravios. Inicialmente, fue condenado a pagar 2 millones de pesos y se le prohibió ejercer el periodismo. Aunque un tribunal federal revocó la sentencia, una jueza posteriormente impuso interventores judiciales para revisar sus publicaciones antes de que salieran a la luz, y le prohibió mencionar a Sansores en sus textos.
- El INE también ha requerido a la periodista Laura Brugés que revele la identidad de una fuente relacionada con el mismo caso de “acordeones”, en abierta contradicción con la legislación que protege el secreto profesional.
Riesgo para la libertad de expresión
La Alianza de Medios Mx y diversas organizaciones nacionales e internacionales han expresado su preocupación por la creciente judicialización de la censura en México, especialmente en el actual proceso electoral. Las medidas coercitivas contra periodistas representan un retroceso alarmante en materia de derechos fundamentales, y sientan precedentes peligrosos para el ejercicio libre y seguro del periodismo.
La presión institucional contra La Silla Rota no solo compromete el derecho a informar y ser informado, sino que socava la confianza en las autoridades electorales, en momentos en los que su imparcialidad y respeto a la legalidad deberían estar fuera de toda duda.
¿Una democracia sin prensa libre?
El caso de La Silla Rota es una señal de alerta sobre el rumbo que podrían tomar las relaciones entre el Estado y los medios de comunicación en México. Cuando el órgano electoral que debería garantizar la equidad y legalidad del proceso democrático amenaza con sanciones millonarias a un medio por cumplir con su deber periodístico, la pregunta es obligada:
¿Puede existir democracia sin una prensa libre?
La Gaceta Yucatán—Redacción.
