- La revocación de mandato es, por definición, un instrumento extraordinario dentro de los sistemas democráticos. En los pocos países donde existe, su finalidad es ofrecer una salida institucional a crisis graves de gobernabilidad, derivadas del rechazo social al gobernante. No está pensada como un ejercicio rutinario ni como una herramienta de ratificación política, sino como un recurso extremo cuando la estabilidad del régimen está en juego.
En los regímenes presidenciales, donde el jefe de gobierno es también jefe de Estado, la remoción o renuncia —voluntaria o forzada— abre escenarios de alta tensión política y social. Por ello, cualquier mecanismo que permita esa posibilidad debe ser tratado con prudencia, neutralidad y consenso amplio.
La distorsión del mecanismo en México
En México, la figura fue incorporada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador bajo una lógica distinta: no como válvula de escape a una crisis, sino como un mecanismo de reafirmación del poder presidencial. Así fue diseñada y así operó en la práctica. El ejercicio realizado en 2022 dejó resultados previsibles: apenas 18% de participación ciudadana y un rechazo marginal a la remoción del mandatario.
El bajo involucramiento electoral evidenció que la consulta no respondía a una demanda social genuina. Además, el intento de hacerla coincidir con el proceso electoral intermedio fue frenado por los riesgos evidentes de intervención del gobierno federal, afectación a la equidad de la contienda y vulneración del principio de imparcialidad.
El intento de reeditar la consulta
Pese a ese antecedente, hoy se perfila nuevamente la intención de reactivar la revocación de mandato, ahora con una propuesta de reforma constitucional para modificar la fecha y empatarla con las elecciones intermedias. El contexto no es menor: en juego estarían 17 gubernaturas, la renovación de ayuntamientos y congresos locales, además de la segunda etapa de la elección del Poder Judicial.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, ha justificado el cambio de fecha bajo el argumento del ahorro en gasto electoral. Sin embargo, si ese fuera el criterio central, la conclusión lógica sería no realizar la consulta: nadie la ha solicitado.
Riesgos institucionales y oposición debilitada
Las razones para oponerse a la modificación de la fecha no solo persisten, sino que se han agravado. Hoy pesan factores como:
- La captura política de los órganos superiores del INE y del Tribunal Electoral.
- El debilitamiento de los contrapesos institucionales.
- La crisis profunda de la oposición, incapaz de fungir como contención efectiva al poder.
En este escenario, sorprende la postura del PAN, que ha condicionado su respaldo a la reforma a dos exigencias: que, en caso de revocación, haya una nueva elección para definir al mandatario sustituto y que todos los gobernadores sean sometidos al mismo proceso.
Una postura frívola e inviable
La posición panista resulta, cuando menos, frívola. Avala un ejercicio que, en los hechos, funciona como instrumento de propaganda política y movilización de recursos públicos, y además es políticamente inviable, ya que la mayoría parlamentaria no incorporaría esas condiciones en una eventual reforma.
Más que una estrategia sólida, parece una bravuconada que no dimensiona la debilidad estructural de la oposición ni el uso faccioso del mecanismo por parte de Morena.
Un dilema para la presidenta Sheinbaum
Para la presidenta Claudia Sheinbaum, la consulta debería verse con reserva estratégica. Aunque el resultado le sería favorable, los costos políticos pueden ser altos. La participación difícilmente igualaría los votos obtenidos en 2024 y un desempeño menor en las elecciones intermedias —fenómeno recurrente desde 1997— podría ser interpretado como un desgaste anticipado de su liderazgo.
La revocación no contribuye a los retos centrales de su gobierno: defender al país de amenazas externas, consolidar resultados, mantener cohesionada a su coalición y preparar una sucesión ordenada. Por el contrario, introduce ruido, distrae y abre frentes innecesarios.
Un juego interno de poder
La oposición debería rechazar la consulta de forma clara, no como respaldo al gobierno, sino como defensa de la estabilidad democrática. Y advertir que, de realizarse, se trataría menos de un ejercicio ciudadano que de un juego de poder interno dentro del obradorismo, con la revocación convertida en un instrumento de presión y desgaste anticipado en la disputa por la sucesión presidencial.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
