MAYO 31, 2024.- En un acto histórico en la lucha contra la violencia sexual, las y los diputados de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán aprobaron por unanimidad el dictamen para modificar el Código Penal y tipificar la sumisión química, conocida coloquialmente como «canasteo», como un delito grave. La iniciativa, impulsada por el diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, busca proteger a las víctimas de este tipo de agresión y castigar a los responsables con penas de hasta 7 años de cárcel.
«Defender la integridad humana es una de las prioridades de esta Legislatura», afirmó el diputado Lozano Poveda al presentar el dictamen. «Por eso, le daremos a las autoridades las herramientas necesarias para perseguir y castigar a quienes cometan estos actos criminales como el llamado canasteo».
La iniciativa, que fue elaborada en conjunto con la sociedad civil, el gobierno estatal y municipal, así como la iniciativa privada, define el «canasteo» como la administración o suministro, sin consentimiento de la víctima, de cualquier sustancia psicoactiva o sustancia que tenga efectos psicoactivos, con el propósito de privarla total o parcialmente de su facultad de discernimiento o de voluntad, con el fin de atentar contra su libertad o seguridad sexual.
Toma de compromiso de diversos titulares
En la plenaria se llevó a cabo la designación y toma de compromiso de las y los nuevos representantes de diversos órganos de control interno. De la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado, Omar Duarte Perera; de la Agencia de Transporte, Carlos Villamil Calero; y de la Fiscalía General, Ignacio Güemes Quintal.
Igualmente rindieron protesta, los integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción a propuesta de las instituciones de educación superior y de investigación, David Suárez Pacheco, José Canto Esquivel y Guillermo Bolio Riancho; y los integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, a propuesta de las organizaciones de la Sociedad Civil especializadas en materia de fiscalización, Francisca Rosalía Avilés y Joaquín Torres Aburto. Se designó a Griselle Lujano Menéndez, consejera Consultiva del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP).
Próximas acciones:
Como parte del orden del día, turnaron a la comisión de Justicia y Seguridad Pública las iniciativas de modificaciones a la Ley de la Fiscalía General y la del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
La comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación analizará la iniciativa para reformar la Constitución en materia de informes de los poderes públicos locales, períodos ordinarios del Congreso e integración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y se deroga la Ley Reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política, que regula el desahogo de la Glosa del Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo Estatal.
A la Auditoría Superior del Estado se turnaron los oficios enviados por la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso y de los ayuntamientos de Cansahcab, Ucú y Temax con el que remiten su cuenta pública de 2023.- Comunicado
