Mientras el discurso oficial insiste en la austeridad republicana como eje del ejercicio del poder público, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) renovó la flotilla de vehículos asignados a sus ministros con la compra de nueve camionetas blindadas de lujo, cuyo costo por unidad supera los 5 millones de pesos, de acuerdo con fuentes consultadas.
La adquisición, confirmada por el propio máximo tribunal, se realizó tras la difusión en redes sociales de imágenes que mostraban la llegada de las nuevas Jeep Grand Cherokee blindadas a las instalaciones de la Corte. El hecho detonó una oleada de críticas por el alto costo de las unidades en un contexto de restricciones presupuestales y llamados reiterados a la contención del gasto público.
En su defensa, la SCJN argumentó que las camionetas heredadas de la administración anterior eran obsoletas y ya no cumplían con los estándares mínimos de seguridad, por lo que mantenerlas en operación representaba un riesgo para la integridad de los ministros. Según el comunicado oficial, la decisión se sustentó en dictámenes técnicos de autoridades federales y respondió a criterios de prevención y seguridad institucional, no a razones discrecionales.
No obstante, la Corte evitó transparentar el monto total de la operación, un punto que ha alimentado el cuestionamiento público. Fuentes con conocimiento del proceso señalan que cada unidad tuvo un costo superior a los 5 millones de pesos, una vez incorporado el blindaje especializado, lo que elevaría la inversión total a más de 45 millones de pesos.
El máximo tribunal sostuvo que la renovación vehicular se efectuó conforme a su normatividad interna vigente desde 2019, la cual prevé la sustitución periódica de vehículos de seguridad cada cuatro años o antes, cuando las condiciones mecánicas y de protección lo ameriten. Asimismo, afirmó que la compra se realizó de manera paralela a la venta de un parque vehicular mayor al número de unidades adquiridas, con el argumento de no incrementar el gasto neto.
Sin embargo, para amplios sectores de la opinión pública, el episodio refleja una tensión creciente entre el discurso de austeridad y las prácticas reales en los altos niveles del poder, incluso en instituciones que reclaman autonomía y ejemplaridad. La polémica no sólo se centra en la legalidad de la compra, sino en la congruencia ética y política de destinar millones de pesos a vehículos blindados de alta gama en un país con profundas desigualdades sociales.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio a la Suprema Corte, no sólo como intérprete final de la Constitución, sino como sujeto obligado a rendir cuentas, en un momento en el que la ciudadanía exige que todos los poderes del Estado —sin excepción— se sometan a los mismos estándares de austeridad, transparencia y responsabilidad en el uso de recursos públicos.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
