- El gobierno estadounidense difunde un cartel que alienta a la población a reportar a “invasores extranjeros”; especialistas califican la medida como fascista, racista y peligrosa para la integridad de las comunidades migrantes.
La administración del presidente Donald Trump, ha reactivado su retórica antiinmigrante con una campaña oficial que invita a la población a denunciar a personas migrantes indocumentadas. La estrategia, lanzada a través de redes sociales por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha generado una oleada de críticas tanto dentro como fuera de Estados Unidos por su carga xenófoba, su aparente ilegalidad y su riesgo de incitar a la violencia civil.
La pieza central de la campaña es un cartel que muestra al personaje del Tío Sam colocando una pancarta con el mensaje: “Ayuda a tu país y ayúdate a ti mismo. Denuncia a todos los invasores extranjeros”, acompañado del número de contacto de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).
Supremacismo y propaganda institucionalizada
Aunque el cartel fue publicado por el DHS y respaldado por figuras cercanas al expresidente como Stephen Miller, su origen ha sido rastreado por activistas hasta un usuario conocido como “Mr. Robert”, autodeclarado supremacista blanco, quien publicó una versión similar el pasado 6 de junio en la red social X (antes Twitter).
La adopción y difusión de este material por parte del gobierno ha alarmado a defensores de derechos humanos, abogados y analistas políticos, quienes denuncian una peligrosa legitimación de discursos de odio desde las más altas esferas del poder.
“Estamos viendo una versión estadounidense del fascismo del siglo XXI, respaldada por una ideología nacionalista blanca. Para Trump, los migrantes son el chivo expiatorio”, escribió Sam Worthington, exdirector de InterAction, en un análisis publicado por Civicus Lens.
El Estado de derecho en riesgo
Aaron Reichlin-Melnick, abogado de migración del Consejo Estadounidense de Inmigración, advirtió que esta campaña marca un punto de quiebre en los valores democráticos del país.
“El cartel fue creado por un supremacista que promueve teorías como el ‘Gran Reemplazo’. Que el DHS lo adopte oficialmente es una señal gravísima. Estamos viendo el desmantelamiento de los principios que hicieron grande a este país: igualdad, legalidad, profesionalismo”, escribió en X.
Voces desde la comunidad migrante
Organizaciones defensoras de migrantes en California también han expresado alarma ante lo que consideran una campaña de “guerra simbólica” contra los inmigrantes.
“Esto me recuerda a la propaganda de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es inhumano, cruel y revela cómo están tratando a nuestra comunidad”, señaló Jorge Mario Cabrera, director de Comunicación de CHIRLA en Los Ángeles.
Francisco Moreno, director del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM), fue más allá y acusó a la administración Trump de violar principios constitucionales al utilizar incluso a la Guardia Nacional en operativos migratorios sin base legal.
“Estamos ante un gobierno que no solo estigmatiza, sino que actúa fuera de la ley. Esto va más allá de un mensaje político, es persecución institucionalizada”, afirmó en entrevista con El Universal.
Impacto social y económico
Hernán Molina, analista político radicado en Los Ángeles, advirtió que esta narrativa nacionalista y racista puede desatar consecuencias sociales severas.
“Están destruyendo comunidades. Esta visión antiinmigrante no solo es peligrosa, también es torpe: afectará la economía, porque muchos trabajos que sostienen sectores enteros quedarán desatendidos”, explicó.
Una estrategia electoral peligrosa
Para analistas como Javier Urbano, académico de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, esta campaña forma parte de una estrategia electoral ante la caída en los niveles de aprobación de Trump.
“Está recurriendo a su retórica más rentable: la antimigrante. Pero ahora con una dosis más intensa de odio, que puede escalar en violencia física contra migrantes. Y él lo sabe”, advirtió.
Un país en tensión
El contexto se agrava con el reciente fallo de un juez federal que declaró ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles sin consentimiento estatal, una medida que se ejecutó en paralelo a los operativos contra migrantes. El juez ordenó devolver el mando de las fuerzas al estado, reforzando las críticas contra el uso político de instituciones militares en asuntos civiles.
La campaña, aún en desarrollo, ha encendido las alarmas sobre el rumbo de la política migratoria en Estados Unidos y plantea una pregunta central para la democracia estadounidense: ¿hasta dónde puede llegar un gobierno cuando convierte el odio en herramienta electoral?
La Gaceta Yucatán—Redacción.
