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Investigación revela posibles vínculos de Adán Augusto López y Hernán Bermúdez Requena con red de huachicol fiscal: datos desde México y EU


  • Una investigación periodística conjunta con fuentes nacionales y reportes con conexiones internacionales arroja nuevas luces sobre el presunto papel de Adán Augusto López Hernández y su exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, en operaciones relacionadas con el huachicol fiscal. Se ha deslizado una cifra alarmante: hasta 45 mil millones de dólares al año en pérdidas para el país atribuibles a esta red de corrupción. Este artículo recoge los datos más relevantes hasta ahora, contrastados con declaraciones oficiales, filtraciones y acciones de autoridades mexicanas.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Hernán Bermúdez Requena

  • Fue secretario de Seguridad en Tabasco durante los gobiernos de Adán Augusto López (2019‑2024).
  • Desde noviembre de 2024, la Fiscalía de Tabasco abrió formalmente una carpeta de investigación en su contra por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro.
  • En febrero de 2025 se libró una orden de aprehensión. Se le ha emitido una ficha roja de la Interpol.
  • Se refugiaba o salía del país, según registros migratorios reservados.
  • La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha congelado cuentas vinculadas a él, familiares, sociedades posiblemente fachada, y se le investiga por lavado de dinero, corrupción y otras operaciones con recursos ilícitos.
  • Hay informes de que mientras estaba al frente de la dependencia de seguridad estatal, manejaba millones de litros de combustible, incluyendo convenios entre la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Desarrollo Energético de Tabasco para donaciones de combustibles.

Adán Augusto López Hernández

  • Actualmente senador, ex gobernador de Tabasco y ex secretario de Gobernación (o de Seguridad, dependiendo del periodo). Se le menciona como figura con proximidad política a Bermúdez Requena.
  • López ha negado tener vínculos con empresarios ligados al huachicoleo fiscal, como Saúl Vera Ochoa, concesionario del muelle fiscal 289 en Tampico, investigado por la FGR por transporte de combustible de contrabando (“huachibuques”).
  • En declaraciones públicas ha dicho que quien haya cometido un ilícito debe responder, y que las investigaciones deben seguir hasta sus últimas consecuencias.
  • Aparece su nombre en testimonios de un testigo colaborador (“Santo”) en carpeta de investigación judicializada por la FGR, que refiere al recinto fiscal 289 de Tampico como punto clave del esquema.

Datos sobresalientes y conexiones internacionales

  • GuacamayaLeaks: filtraciones de inteligencia militar que mencionan que, desde 2021, habría indicios de investigaciones contra Bermúdez Requena por parte de SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada). Amparan la tesis de que se conocía de estas presuntas actividades desde administraciones previas.
  • Operaciones financieras: movimientos bancarios inusuales detectados por UIF, bloqueo de cuentas de empresas relacionadas, congelamiento de activos de familiares. Indicios de esquemas transnacionales, según reportes.
  • Redes de combustible y rutas: convenios estatales para la donación de gasolina a dependencias oficiales, manejo logístico de combustible bajo control de Bermúdez Requena. Hay acusaciones de aprovechamiento de infraestructura portuaria, tráficos marítimos, uso de recintos fiscales como Tampico, Dos Bocas, etc.

Lo que aún no está comprobado

  • Cifra de 45 mil millones de dólares en pérdidas anuales atribuibles al huachicol fiscal: hasta ahora, no se ha encontrado en fuentes confiables públicas que la respalden con documentos oficiales. Esa cifra es mencionada en círculos de seguridad, pero requiere confirmación con datos cuantitativos respaldados (aduanas, Pemex, SAT, organismos internacionales).
  • Implicación directa de Adán Augusto López: aunque hay testimonios, filtraciones y reportes que sitúan su nombre en declaraciones, no se ha presentado públicamente una acusación firmada o sentencia que lo vincule de forma judicial con operaciones de huachicol fiscal.
  • Detalles de rutas internacionales investigadas desde Estados Unidos: aunque hay menciones genéricas de flujos hacia o mediante EU (por ejemplo en redes financieras), no se ha divulgado públicamente un expediente que muestre evidencia clara, trazabilidad exacta, nombres, fechas, tipos de transporte cruzando frontera, etc.

Contrapesos oficiales y defensas

  • Adán Augusto López ha rechazado las acusaciones que lo vinculan directamente con el contrabando de combustible, diciendo que “no tiene vínculos con huachibuques” ni con el empresario investigado.
  • El gobierno federal, representado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Seguridad, ha declarado que las investigaciones están en curso, que nadie será protegido y que los procesos, si hay presuntos responsables, deberán cumplir con la ley.
  • Las autoridades también han señalado que muchas de las filtraciones o acusaciones provienen de medios, reportes periodísticos o filtraciones de inteligencia (como GuacamayaLeaks), los cuales, aunque relevantes, deben seguir procedimientos legales para su validación.

Impacto potencial si se confirman los datos

  • Si las pérdidas por huachicol fiscal alcanzaran los valores mencionados, el daño patrimonial para México sería gigantesco: bastaría para sanear grandes agujeros fiscales, fortalecer a Pemex, o destinar fondos a programas sociales, sin necesidad de deuda adicional.
  • También pondría en evidencia fallas institucionales profundas en aduanas, fiscalización, seguridad, vigilancia fronteriza y transparencia en el gobierno.
  • Podría tener implicaciones políticas importantes para Morena y para figuras como Adán Augusto, si la opinión pública exige responsabilidades.
  • Internacionalmente, podría afectar relaciones bilaterales en temas de seguridad con Estados Unidos, especialmente si se descubre participación de redes transnacionales en lavado, tráfico o evasión fiscal.

Lo que se necesita para avanzar en la investigación

  1. Documentación oficial: requerir acceso a carpetas de investigación completas, reportes de SEIDO, Sedena, UIF, SAT, Aduanas, Pemex, SHCP.
  2. Informes de inteligencia y cooperación internacional: verificar si hay colaboración con agencias de EU, agencias de aduanas de otros países, DEA, etc., para rastrear rutas de combustible, lavado de dinero.
  3. Auditorías independientes a Pemex, puertos, recintos fiscales (como el 289 de Tampico) para rastrear movimientos poco claros.
  4. Declaraciones judiciales: testigos, colaboradores, intercepciones legales que se puedan validar ante jueces.
  5. Transparencia gubernamental: que las dependencias competentes publiquen versiones públicas de resultados sin filtraciones parciales.

La investigación pinta un escenario grave, con presuntas complicidades de funcionarios estatales y posibles omisiones o encubrimientos de figuras políticas. Hernán Bermúdez Requena aparece como actor central en muchos de los señalamientos sobre huachicol fiscal, lavado de dinero y pandillas criminales como “La Barredora”. Adán Augusto López Hernández figura en testimonios y acusaciones como una persona con proximidad política al exsecretario, aunque aún no existe una acusación formal que lo involucre directamente con pruebas judiciales robustas.

Si se corroboran los datos difundidos, estaríamos ante uno de los casos de corrupción más significativos en los últimos años, con daños millonarios al erario, posible debilitamiento institucional, y un fuerte impacto político.

La Gaceta Yucatán—Redacción.

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