- Senado aprueba retroactividad polémica que podría vulnerar principios constitucionales
El Senado de la República, con mayoría de Morena y sus aliados, consumó este martes la aprobación de una reforma a la Ley de Amparo que ha encendido las alarmas entre juristas, académicos y defensores del Estado de Derecho. La reforma, aseguran múltiples voces del ámbito judicial, representa un golpe estructural al juicio de amparo y amenaza con erosionar uno de los pilares fundamentales del control constitucional en México.
Con 76 votos a favor y 39 en contra —principalmente de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano—, se avaló en lo general una iniciativa presidencial que modifica el marco jurídico del amparo. A pesar de que en su versión anterior se eliminó la retroactividad por posibles violaciones constitucionales, una reserva aprobada en lo particular reintrodujo este elemento, encendiendo una nueva ola de críticas.
La modificación al Artículo Primero Transitorio, propuesta por el senador de Morena Manuel Huerta Ladrón de Guevara, establece que “los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este Decreto”.
Aunque el senador aseguró que no hay aplicación retroactiva, especialistas advierten que esta redacción permite que los cambios legales incidan en juicios ya iniciados, lo que vulnera el principio de irretroactividad consagrado en el Artículo 14 constitucional.
“Estamos presenciando el debilitamiento del juicio de amparo. Esta reforma vulnera derechos adquiridos y destruye la certeza jurídica de los procesos en curso”, advirtió un exministro de la Suprema Corte en declaraciones recogidas tras la votación.
Poder Judicial, obligado a digitalizarse… pero sin garantías claras
El nuevo texto legislativo también impone obligaciones tecnológicas al Poder Judicial de la Federación, exigiendo que todas las autoridades involucradas en juicios de amparo creen usuarios dentro del Portal de Servicios en Línea. Aunque la ley mantiene la posibilidad de promover por escrito, no establece mecanismos claros para evitar rezagos o exclusión digital, especialmente en regiones con baja conectividad.
Además, se estipula que las autoridades con convenios de interconexión con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrán actuar exclusivamente a través del sistema electrónico, lo que —según algunos jueces federales consultados— podría generar disparidades procesales y operativas.
Críticas desde el constitucionalismo
Organizaciones civiles, académicos y especialistas en derecho constitucional han coincidido en que estas reformas atentan contra la naturaleza protectora del juicio de amparo, debilitando la figura que ha sido, históricamente, la última defensa del ciudadano frente al abuso del poder público.
“Se está vaciando de contenido el amparo. Estas reformas no solo limitan el acceso, también condicionan el procedimiento, eliminan garantías, y modifican reglas en procesos ya abiertos. Es un retroceso peligroso”, opinó una investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Entre los cambios más cuestionados se encuentran:
- Redefinición del interés legítimo, que ahora deberá generar una lesión jurídica real, actual y diferenciada, lo que restringe severamente la posibilidad de impugnación por parte de la sociedad civil.
- Eliminación de la obligación para entidades estatales de presentar garantías procesales, como sí se exige a particulares.
- Restricciones al plazo de presentación de pruebas, que no podrán ampliarse salvo en casos excepcionales, dificultando la defensa jurídica.
¿Un parteaguas para el derecho constitucional?
Los opositores a la reforma han señalado que esta podría ser el inicio de un desmantelamiento progresivo del juicio de amparo, considerado por muchos como uno de los mayores logros jurídicos del México posrevolucionario.
Aunque Morena insiste en que se trata de cerrar puertas a abusos y prácticas dilatorias, los expertos alertan que el verdadero impacto será la limitación del acceso a la justicia para los ciudadanos comunes frente al Estado.
La minuta será turnada a la Cámara de Diputados, donde se prevé su aprobación en fast track en los próximos días.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
