- En un giro inesperado dentro del debate legislativo sobre la reforma a la Ley de Amparo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado públicamente su rechazo al artículo transitorio que incorpora retroactividad, advirtiendo que contradice principios constitucionales y podría tener consecuencias políticas y legales de gran calado.
1. Críticas presidenciales: “hay que respetar la Constitución”
Durante su habitual conferencia matutina —la llamada “mañanera del pueblo”—, Sheinbaum sostuvo que la inclusión del párrafo transitorio que aplicaría la nueva ley a amparos en trámite fue una modificación innecesaria hecha en el Senado, y que no estaba contemplada en su iniciativa original.
La mandataria dejó claro que, según su interpretación, una ley no puede tener efecto retroactivo salvo que se cambie la Constitución, dado que el principio de no retroactividad está protegido constitucionalmente.
En sus palabras:
“La Constitución establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes … los juicios que hoy están en amparo tienen que seguir con las leyes anteriores.”
Sheinbaum también admitió desconocer las razones por las cuales la Cámara Alta introdujo ese transitorio, y pidió que, en su paso por la Cámara de Diputados, se revise y se precise su contenido para garantizar que no vulneren derechos adquiridos.
2. Riesgos jurídicos: ¿contradicción con el artículo 14 constitucional?
El análisis legal apunta a que el artículo 14 constitucional prohíbe la aplicación retroactiva de leyes que perjudiquen a las personas, salvo que ellas lo dispongan expresamente. En ese sentido, expertos y actores políticos han señalado que el transitorio aprobado en el Senado vulnera el principio de seguridad jurídica.
Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, incluso advirtió que “ninguna ley (secundaria) puede tener efecto retroactivo” si no se modifica la Constitución misma. Este señalamiento coincide con los argumentos de Sheinbaum, lo que posiciona una tensión interna dentro de Morena sobre los alcances de la reforma.
En lo práctico, el transitorio ordena que:
“Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este decreto.”
Ese tipo de clausulado puede impactar más de 700 mil juicios de amparo en curso, según estimaciones difundidas en medios.
Los críticos advierten que imponer retroactividad en casos ya iniciados podría generar litigios constitucionales, amparos masivos e incluso controversias ante la Suprema Corte.
3. Impacto político: división en Morena y presión a la Cámara de Diputados
La intervención de Sheinbaum desnuda una división emergente dentro del bloque oficialista. Aunque la propuesta de reforma al amparo es promovida desde la Presidencia, el hecho de que el Senado haya introducido una modificación controversial sin previo acuerdo genera fricciones internas.
Algunos señalan que la cláusula transitoria fue agregada por senadores como Manuel Huerta, y que fue aprobada en lo oscurito durante el pleno, lo que provocó críticas incluso de sectores de Morena.
Monreal “regañó” públicamente al Senado por avalar retroactividad, y planteó que el tema deberá corregirse en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Sheinbaum ha deslizado que la responsabilidad recae ahora en los diputados, al convocarlos a “revisar ese transitorio” y enmendarlo si viola la Constitución.
En el frente político-opositor, la reforma ya ha sido criticada como un intento de debilitar el amparo como herramienta ciudadana de defensa frente a actos arbitrarios del Estado.
4. Escenarios y retos para la legislación final
Ante esta coyuntura, los escenarios que podrían desplegarse en el Congreso son:
- Los diputados eliminan el párrafo transitorio, manteniendo la no retroactividad para los juicios en curso.
- Se precisa o corrige la redacción para limitar efectos retroactivos o preservar derechos adquiridos.
- Queda la controversia jurídica y judicialidad futura: la reforma podría enfrentar impugnaciones masivas o ser objeto de acciones de inconstitucionalidad o amparos estratégicos.
Para Sheinbaum y su gobierno, esta disputa tiene un doble costo: por un lado, debe sostener la coherencia entre su mensaje jurídico-constitucional; por otro, debe contener la fractura interna y evitar que la oposición use la reforma como bandera para acusaciones de autoritarismo.
En el terreno jurídico, el debate servirá como prueba de fuego para medir si el nuevo marco del juicio de amparo –uno de los pilares del sistema de justicia mexicano– puede revisarse sin comprometer garantías fundamentales y sin generar un choque entre poderes.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
