- Mientras los feminicidios se siguen registrando en Yucatán, expertos advierten que su normalización en el imaginario social pone en riesgo a más mujeres. Las víctimas son mayormente asesinadas por sus parejas o exparejas, en un contexto de violencia estructural que se agrava en las comunidades rurales e indígenas.
La violencia feminicida en Yucatán crece en el silencio. Aunque el estado mantiene cifras bajas en comparación con otras entidades del país, especialistas advierten que los asesinatos de mujeres por razones de género comienzan a normalizarse en la percepción colectiva. El riesgo es alto, especialmente para mujeres mayas en comunidades rurales, donde la impunidad, el machismo estructural y la exclusión institucional crean un entorno letal.
Así lo denunció la investigadora social Gina Villagómez Valdés, académica de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), quien señaló que el caso más reciente ocurrido en el municipio de Ticul “refleja con crudeza la profundidad del problema”. A diferencia de otras regiones del país, donde el crimen organizado o los desplazamientos migratorios suelen estar detrás de los feminicidios, en Yucatán estos crímenes ocurren, en su mayoría, dentro del entorno familiar o de pareja.
“El feminicidio en Yucatán tiene rostro cercano: pareja, expareja, padrastro, tío. No es un fenómeno externo, es doméstico”, puntualizó Villagómez.
Mujeres mayas: doblemente vulnerables
La situación se vuelve aún más alarmante para las mujeres mayas que habitan zonas rurales. Estas mujeres enfrentan una doble vulnerabilidad: viven en pobreza, aisladas, y atrapadas en estructuras culturales que perpetúan la subordinación femenina. La discriminación estructural, la falta de acceso a información, y la ausencia de servidores públicos que hablen su lengua, profundizan la exclusión y les impiden acceder a la justicia.
“Viven una violencia múltiple y prolongada: física, psicológica, sexual y económica. Y el Estado no llega con políticas ni con justicia”, añadió la experta.
Organismos consultados coincidieron en que muchas de estas mujeres viven bajo una revictimización sistemática. La carencia de protocolos interculturales y la indiferencia institucional provocan que las denuncias, cuando existen, no prosperen. En muchos casos, las víctimas son ignoradas o juzgadas, lo que favorece la impunidad.
Violencia familiar y una cultura que justifica el abuso
Yucatán se mantiene entre los estados con mayores índices de violencia familiar y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Además, la entidad presenta una alta tasa de embarazos adolescentes e incluso embarazos infantiles, un indicador alarmante que refleja abuso sistemático y desprotección institucional.
Villagómez subraya que muchos de los feminicidios en zonas rurales van precedidos por largos periodos de violencia. “Los agresores suelen ejercer control extremo: acoso, persecuciones, amenazas, incluso mutilaciones. Son casos donde el Estado nunca llegó, o llegó tarde”.
Esta violencia está enraizada en una cultura patriarcal que sigue vigente y que atraviesa todas las clases sociales. En ella, se espera que las mujeres se sometan a los roles tradicionales, prioricen el cuidado familiar, y no cuestionen su entorno. Esta ideología, según la especialista, es el caldo de cultivo de una violencia que comienza en casa y que puede terminar en feminicidio.
Crisis de la masculinidad y precariedad laboral
La violencia también se vincula con la precarización masculina, explicó la investigadora. Yucatán es uno de los estados con los sueldos más bajos del país, lo que genera frustración y tensiones al interior de las relaciones familiares.
“Existe una crisis de la masculinidad ligada a la pobreza, al desempleo y al alcoholismo. En muchos hogares, eso se traduce en violencia”, dijo.
Y aunque el delito de feminicidio ya está tipificado como grave en el estado y se cuenta con protocolos de investigación con perspectiva de género, la respuesta institucional sigue siendo débil. “Las mujeres yucatecas tienen más herramientas hoy que hace unos años, pero sin voluntad política y sin políticas públicas focalizadas, el cambio será mínimo”, advirtió.
Villagómez fue enfática al calificar a la Secretaría de las Mujeres de Yucatán como inoperante: “Es un cero a la izquierda. No hay atención eficiente ni sanción ejemplar”.
¿Qué se necesita?
La especialista subrayó que no basta con leyes o protocolos si no se acompañan de acciones afirmativas, recursos públicos, formación en derechos humanos y justicia intercultural. La prevención sigue ausente, particularmente en las comunidades indígenas donde el Estado no ha logrado incidir ni generar confianza.
El llamado es claro: urge una transformación profunda que no solo sancione a los agresores, sino que erradique las raíces culturales y estructurales de la violencia de género en Yucatán.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
