- La reciente Reforma Judicial que sacude al sistema de justicia en México no solo involucra nombramientos, estructura judicial o criterios de designación. Uno de los cambios más relevantes, y menos visibilizados, recae sobre el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y el mecanismo de impugnación de actos de la administración pública mediante el juicio contencioso administrativo. Las reformas a su normativa alma-mater, la LFPCA, implican transformaciones clave en plazos, procedimientos y accesibilidad.
Qué es y por qué importa el juicio contencioso administrativo federal
El TFJA es el órgano encargado de dirimir controversias —especialmente fiscales o administrativas— entre particulares y autoridades federales.
El juicio contencioso administrativo permite a ciudadanos, empresas u organizaciones impugnar actos de la administración pública cuando consideran que sus derechos han sido vulnerados: multas fiscales, sanciones administrativas, licitaciones, recargos, entre otros.
Hasta ahora, estos juicios podían tramitarse por varias vías: ordinaria, sumaria, o en línea, dependiendo de la cuantía, la materia o la vía de impugnación.
Por esto, cualquier cambio a la LFPCA afecta directamente el acceso real de la ciudadanía a la justicia administrativa.
Qué cambió con la reforma: plazos, procedimientos y modernización normativa
En diciembre de 2025, el Senado de la República aprobó un dictamen que modifica diversos artículos de la LFPCA, incluyendo los relacionados con el juicio sumario, los plazos jurisdiccionales y las reglas de notificación.
Estos son los cambios más relevantes:
- Plazo máximo de seis meses para juicios sumarios: especialmente en materia tributaria, los asuntos deberán resolverse en un plazo acotado de seis meses, con el fin de cumplir el mandato del artículo 17 constitucional.
- Nuevos plazos para actuaciones del Tribunal y partes: se establecen tiempos máximos para que magistradas/magistrados instructores actúen, así como para que las partes presenten promociones.
- Incremento de la cuantía para acceder a la vía sumaria: los casos con importes mayores podrán acceder a este procedimiento simplificado, lo que podría ampliar su cobertura.
- Modernización mediante justicia digital: posibilidad de tramitar ciertos procedimientos mediante el sistema en línea del Tribunal, reducir barreras geográficas y económicas, y facilitar el acceso en diversas entidades federativas.
- Notificaciones más ágiles: se acorta el plazo para que surtan efectos (de tres a dos días), con la intención de hacer los procesos más expeditos.
El impulso oficial —a cargo del senador promotor del dictamen, Javier Corral Jurado— señala que con estas modificaciones se busca “armonizar el juicio sumario con los principios constitucionales de tutela judicial efectiva, debido proceso e igualdad procesal”.
Las apuestas: rapidez, eficiencia… ¿y riesgos para la defensa ciudadana?
Potenciales beneficios
- Al reducir plazos y agilizar juicios, se disminuye la congestión histórica del sistema administrativo, lo que podría traducirse en decisiones más rápidas.
- La vía sumaria y la justicia en línea pueden facilitar el acceso, especialmente para personas o empresas pequeñas que no cuentan con recursos para litigios largos.
- Mayor certidumbre para contribuyentes o particulares que impugnan actos administrativos: con reglas claras, menos demoras y plazos definidos.
Riesgos y limitaciones — lo que podría perderse
- La simplificación del procedimiento podría privilegiar los casos “fáciles” o de baja cuantía, mientras que asuntos complejos podrían quedar rezagados.
- La presión por resolver en seis meses podría comprometer la profundidad del análisis, afectando la calidad de las decisiones, especialmente en casos con impacto social, fiscal o ambiental.
- La digitalización, si bien útil, podría excluir a personas sin acceso a internet, sin asesoría legal o con baja alfabetización jurídico-digital.
- Si no se garantiza independencia real del Tribunal y suficiencia de recursos, la reforma solo será una mejora técnica, dejando intacta la desigualdad estructural en el acceso a la justicia.
Qué representa esta reforma en el contexto más amplio de la Reforma Judicial
La modificación a la LFPCA es parte del paquete normativo derivado de la Reforma Judicial que comenzó con cambios constitucionales en 2024, cuyo propósito declarado fue modernizar el sistema judicial, mejorar su eficiencia y garantizar justicia pronta.
Al tratarse del primer contacto frecuente de muchos ciudadanos con la justicia —administrativa, fiscal, regulatoria—, la mejora del citado procedimiento puede ser clave para restaurar la confianza en las instituciones, siempre y cuando los cambios sean implementados con transparencia, recursos suficientes, capacitación y compromiso real para defender derechos.
Conclusión: en juego está la efectividad del control ciudadano frente al Estado
La reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo marca una apuesta por acelerar la administración de justicia en México. Pero no debe leerse solo como una transformación técnica: representa un punto de inflexión para el acceso ciudadano a la justicia administrativa.
Si se ejecuta bien —respetando independencia, garantizando recursos, promoviendo acceso equitativo—, puede mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Pero si se queda en “velocidad sobre fondo”, existe el riesgo de que el ciudadano pierda efectividad real para cuestionar decisiones del Estado.
En este contexto, la vigilancia ciudadana, la participación de organizaciones civiles y la escrutinio público serán fundamentales.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
