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Suman 4 denuncias por desmontes ilegales en Cuxtal en 2026; Mérida refuerza operativos con Profepa y Guardia Nacional

En apenas mes y medio de 2026, el Ayuntamiento de Mérida ha interpuesto cuatro denuncias formales por desmontes ilegales en la Reserva Ecológica de Cuxtal, cifra que se suma a 50 querellas acumuladas durante la actual administración municipal.

La directora de la reserva, Sandra Araceli García Peregrina, advirtió que estas prácticas clandestinas —realizadas en muchos casos con maquinaria pesada— provocan daños ambientales irreversibles, al dejar el suelo expuesto y vulnerable a la erosión.

“Los desmontes son muy evidentes; entran con maquinaria y arrasan con absolutamente todo”, señaló la funcionaria.

Operativos conjuntos y clausuras inmediatas

Las denuncias son resultado de operativos coordinados con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en los que también participan elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Al no contar con permisos federales, estatales ni municipales, la Profepa procede a la clausura de los predios y al aseguramiento del equipo utilizado en la devastación.

Áreas afectadas: hasta ocho hectáreas devastadas

Aunque no existe aún una cifra total de hectáreas impactadas en lo que va del año, las superficies detectadas varían considerablemente:

  • Desde dos mil metros cuadrados,
  • Hasta ocho hectáreas en distintos puntos de Cuxtal.

La magnitud de algunos casos refleja la presión constante sobre esta zona de alto valor ambiental, considerada estratégica para la captación de agua y conservación de biodiversidad en el sur de Mérida.

Procesos legales avanzan; ya hay medidas de restauración

Uno de los principales desafíos sigue siendo identificar y fincar responsabilidades a los autores materiales e intelectuales de los desmontes. No obstante, la directora informó que la estrategia jurídica ha comenzado a dar resultados.

Además de las denuncias ante la Profepa, el Ayuntamiento ha presentado querellas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE).

Actualmente, dos casos registran avances significativos, y en uno de ellos ya se han dictado medidas de restauración del daño ambiental, lo que representa un precedente en la defensa legal del área natural.

La prioridad: prevenir antes que sancionar

Pese a los avances judiciales, García Peregrina subrayó que el objetivo central es evitar que la devastación ocurra, fortaleciendo la vigilancia y la coordinación interinstitucional.

“La prevención seguirá siendo la clave: impedir la tala y los desmontes antes de que el daño sea irreversible”, concluyó.

La Gaceta Yucatán—Redacción.

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