El clima de tensión y vulnerabilidad en el ejercicio del derecho en México volvió a quedar en evidencia tras la denuncia presentada por los abogados Jorge Antonio Méndez Mex y su compañera Fátima [apellido no proporcionado], quienes aseguran haber sido víctimas de detención ilegal, abuso de autoridad y violaciones a sus derechos humanos.
Los litigantes interpusieron la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) con sede en Valladolid, tras los hechos ocurridos el pasado sábado, cuando ambos fueron interceptados por agentes policiacos mientras se dirigían a Mérida para asistir a una audiencia judicial relacionada con el caso de los esposos Ángel Méndez y Fabiola Che.
Según la declaración del abogado Méndez Mex, la detención se realizó sin orden judicial ni justificación aparente, y durante el proceso habrían sido objeto de intimidación, revisión arbitraria y privación de su libertad, acciones que —afirma— violentaron el ejercicio libre de la abogacía y el principio de presunción de inocencia.
Crece la preocupación por la criminalización del ejercicio profesional
Diversos juristas consultados por este medio señalan que este caso no es aislado y forma parte de un patrón creciente de hostigamiento institucional contra abogados defensores, especialmente aquellos que representan causas sensibles o de alto impacto público.
La detención arbitraria de abogados en el ejercicio de su función constituye una violación directa al derecho de defensa consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En palabras de un especialista en derecho penal consultado,
“Estamos viendo cómo el nuevo entorno judicial, lejos de fortalecer la independencia de los defensores, los coloca en una posición de riesgo. El mensaje es claro: defender a ciertos clientes puede costarte la libertad o la reputación.”
Retrocesos en los nuevos términos judiciales
Con la implementación de recientes reformas y criterios procesales, abogados y barras colegiadas han denunciado una pérdida progresiva de garantías profesionales. Entre los principales señalamientos se encuentran:
- Limitaciones en el acceso a carpetas de investigación, aun siendo defensores acreditados.
- Falta de respeto al principio de confidencialidad abogado-cliente, con intervenciones indebidas durante las entrevistas.
- Uso discrecional de la fuerza pública en procedimientos administrativos o judiciales.
- Judicialización excesiva de la defensa técnica, donde el abogado puede ser investigado junto con su representado.
Estos cambios, advierten los expertos, debilitan el equilibrio del sistema penal acusatorio y crean un entorno en el que el ejercicio legal se vuelve vulnerable ante intereses políticos o policiales.
Exigen garantías institucionales para ejercer la abogacía
Los abogados Méndez Mex y Fátima solicitaron la intervención de organismos de derechos humanos y de los colegios de abogados del estado de Yucatán, a fin de garantizar que se investiguen los hechos con imparcialidad.
El caso podría marcar un precedente importante en la defensa del libre ejercicio de la profesión jurídica, en momentos en que la relación entre autoridades judiciales, fuerzas de seguridad y litigantes atraviesa una etapa de desconfianza y tensión institucional.
“La abogacía no puede ejercerse bajo amenaza o miedo. Defender un caso no debe ser motivo de persecución”, enfatizó Méndez Mex al salir de la sede de la Fiscalía.
Contexto nacional
En los últimos años, México ha enfrentado múltiples denuncias por parte de barras de abogados, organismos de derechos humanos y asociaciones civiles, que señalan un retroceso en las garantías procesales. Casos recientes en Veracruz, Chiapas, Guanajuato y Yucatán exponen un patrón preocupante: el uso de la fuerza pública o de procesos administrativos para intimidar a defensores que cuestionan la actuación de las autoridades.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha reiterado la necesidad de establecer protocolos de actuación para proteger a los abogados durante el desempeño de su función, subrayando que la justicia no puede ejercerse sin defensores libres e independientes.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
