Denuncian el presunto desvío de más de 150 millones de pesos por parte de la empresa Inverco; acusan omisiones judiciales y piden intervención del Poder Judicial
Decenas de familias víctimas de un presunto mega fraude inmobiliario se manifestaron este jueves frente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, para exigir avances en las investigaciones y denunciar lo que consideran negligencia judicial en el caso contra la empresa Inverco Desarrollos Inmobiliarios.
Los manifestantes, agrupados bajo el nombre “Familias Unidas contra Inverco”, señalaron que la compañía —fundada en 2018 por Miguel Ángel Aguayo de Pau y Rolando Bello Mejía— les vendió viviendas en el desarrollo Pedregales de Misnebalam, al norte de Mérida, sin contar con permisos legales de construcción.
“Pagamos por nuestras casas, pero nunca se construyeron. En los terrenos solo hay maleza”, denunció Víctor Israel Ramírez Bedolla, uno de los afectados.
De acuerdo con los denunciantes, más de 700 personas resultaron perjudicadas, y 200 de ellas han presentado demandas mercantiles con el apoyo del abogado Jesús Othón Baca Cacho. Calculan que el monto total del fraude asciende a 150 millones de pesos.
Denuncian irregularidades judiciales
Los afectados acusaron a la jueza Juliana Hortencia Soberanis Santana, titular del Juzgado Tercero de lo Mercantil, de haber desechado indebidamente una solicitud de juicio mercantil ejecutivo, pese a que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió dictámenes favorables para los compradores defraudados.
“Pedimos al Tribunal una audiencia y que se investigue la actuación de la jueza Soberanis. Queremos un proceso transparente y justo”, exigieron los manifestantes.
Exigen respuesta institucional
Durante la protesta, los representantes de las familias entregaron una carta firmada por 70 clientes en nombre de 200 familias afectadas, dirigida al Tribunal Superior de Justicia, donde solicitan una revisión integral del caso y sanciones para los responsables.
Las víctimas advirtieron que mantendrán sus acciones legales y sociales hasta obtener justicia y que su movimiento busca alertar a otros compradores sobre el creciente riesgo de fraudes inmobiliarios en Yucatán, donde proliferan desarrollos sin permisos ni garantías legales.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
