La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) amplió una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el incumplimiento reiterado de una clausura ambiental en un predio del municipio de Kinchil, Yucatán, donde se desarrollan actividades vinculadas a la empresa Productora Nacional de Huevo (CRÍO).
De acuerdo con la autoridad ambiental, la ampliación de la denuncia deriva de nuevas irregularidades detectadas durante visitas de verificación, realizadas en atención a denuncias presentadas por comunidades de la zona. En dichas inspecciones se constató la violación de los sellos de clausura colocados por Profepa desde noviembre pasado, luego de la afectación de aproximadamente 13.7 hectáreas de vegetación forestal.
El 9 de enero de 2026, personal de Profepa acudió al sitio y confirmó que la clausura temporal total, impuesta el 12 de noviembre de 2025, no había sido respetada. Durante la diligencia se observó que continuaban los trabajos de preparación del terreno con maquinaria pesada, pese a que el predio carece de autorización para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales y para la remoción total de vegetación natural.
Ante estos hechos, la dependencia federal procedió al aseguramiento precautorio de una retroexcavadora y un bulldozer de oruga, utilizados para el picado y nivelación del suelo con fines de construcción de vialidades y futuras naves industriales destinadas a la producción y crianza de aves. La maquinaria, precisó Profepa, pertenece a una empresa arrendadora y era operada por personal de una constructora contratada por la responsable del predio.
Sin embargo, durante una segunda visita de verificación realizada el 12 de enero, la autoridad ambiental detectó nuevas anomalías. Personal de la empresa constructora se negó a recibir y firmar la orden de verificación, mientras que en el sitio solo se localizó el bulldozer, sin los sellos de “bien asegurado” y en una ubicación distinta a la original. La retroexcavadora ya no se encontraba en el lugar, lo que constituye un incumplimiento grave a las medidas de seguridad impuestas.
Ante esta situación, Profepa reinstaló los sellos de aseguramiento en la maquinaria localizada y, el 13 de enero, presentó la ampliación de la denuncia penal ante la FGR por la reiterada violación de la clausura y la manipulación indebida de bienes asegurados.
La Procuraduría informó además que sostendrá reuniones de seguimiento con la FGR para garantizar la aplicación de la ley y reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente, el cumplimiento de la normatividad ambiental y la atención a las denuncias ciudadanas, advirtiendo que continuará con las acciones necesarias para asegurar el respeto a las disposiciones dictadas por la autoridad ambiental.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
