- Advierten mayor presión para comercios y servicios por alza de costos, nuevas obligaciones fiscales y reformas laborales
El año 2026 se perfila como un periodo especialmente complejo para el sector empresarial, ante la entrada en vigor y consolidación de diversas disposiciones fiscales y laborales que impactarán directamente en la operación y rentabilidad de los negocios, advirtió José Enrique Molina Casares, representante de la Canaco Servytur Mérida.
El dirigente empresarial señaló que, durante el último año, comerciantes y prestadores de servicios han enfrentado un entorno cada vez más exigente, marcado por un mayor cumplimiento de obligaciones fiscales estatales y federales, así como por revisiones constantes de las autoridades hacendarias, lo que representa —dijo— un desafío permanente para la actividad productiva.
Entre los principales factores que presionan a las empresas, Molina Casares mencionó la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la denominada “ley silla”, el Impuesto Sobre Nómina (ISN) y el incremento al salario mínimo. Estas medidas, explicó, tienen un impacto directo en los costos de operación, particularmente en los sectores comercial y de servicios.
“Si bien estos cambios buscan mejorar las condiciones laborales, su aplicación obliga a las empresas a replantear estrategias para mitigar sus efectos, como ajustes graduales, reorganización de horarios y una planeación financiera más estricta, con el fin de reducir afectaciones inmediatas”, señaló.
El representante de Canaco subrayó que el impacto no será homogéneo en todos los negocios. Detalló que las micro y pequeñas empresas podrían enfrentar efectos moderados, mientras que las medianas y grandes compañías resentirán con mayor intensidad los cambios, principalmente por el aumento en la masa salarial y las adecuaciones operativas que deberán implementar.
“Los costos adicionales que asuman las empresas forman parte de un ciclo económico que, eventualmente, puede trasladarse al consumidor final. Por ello, es indispensable analizar cuidadosamente la aplicación de estas medidas para evitar impactos mayores en la economía local”, puntualizó.
Finalmente, Molina Casares reiteró que el incremento al salario mínimo se perfila como uno de los principales retos para el sector productivo, por lo que cada empresa deberá definir su propia ruta de adaptación para mantener la estabilidad laboral y financiera en un contexto económico que calificó como altamente desafiante.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
