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Aumentan preocupaciones por detenciones arbitrarias en Yucatán: Codhey acumula quejas en 2025

  • La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán alerta sobre el creciente número de detenciones arbitrarias por parte de cuerpos policiacos; este es el principal motivo de quejas ciudadanas en el primer semestre del año.

La detención arbitraria por parte de autoridades policiacas continúa siendo el principal motivo de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), reveló su presidenta, María Guadalupe Méndez Correa. En el primer semestre de 2025, esta práctica ha generado una alta preocupación, al acumularse 58 quejas formales y al menos 138 hechos violatorios de derechos humanos, entre ellos maltratos, retenciones ilegales y abuso de poder.

“Es un problema estructural que persiste en la entidad y que requiere atención urgente de las autoridades municipales y estatales”, advirtió Méndez Correa.

Policías estatales y municipales, en el centro de las denuncias

La Codhey ha emitido en lo que va del año ocho recomendaciones formales, de las cuales cuatro están dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). También se han señalado a los ayuntamientos de Motul y Kanasín, la Fiscalía General del Estado y el DIF por diversas violaciones, especialmente por detenciones injustificadas y prestación indebida del servicio público.

“El patrón más frecuente es el uso excesivo de la fuerza y la detención sin causa justificada. Esto vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos”, enfatizó la titular del organismo.

Cárceles municipales, un problema crónico que persiste

La situación en las cárceles municipales también es motivo de alarma. La falta de separación entre hombres y mujeres detenidos, así como condiciones deficientes en higiene y espacio, sigue siendo una constante. Si bien hay esfuerzos por mejorar, los avances son limitados y se estancan con cada cambio de administración municipal, lo que evidencia una falta de continuidad institucional.

La Codhey mantiene supervisión permanente en estos centros de reclusión, pero señala que la respuesta de los ayuntamientos sigue siendo desigual. “Insistimos a las autoridades locales que tomen en serio las recomendaciones; la dignidad de las personas privadas de libertad no puede estar sujeta a voluntades políticas”, subrayó Méndez.

Otros focos de atención: salud, educación y servicios públicos

Además de las detenciones arbitrarias, el organismo ha recibido quejas sobre falta de atención médica, escasez de medicamentos, discriminación en escuelas, cobro indebido de cuotas escolares y falta de cupo en planteles educativos. En algunos centros de salud también se detectó falta de agua potable y barreras de accesibilidad para personas con discapacidad.

Un punto positivo ha sido la incorporación de personal con conocimiento en lenguaje de señas en algunos centros médicos, lo cual mejora la atención a personas con discapacidad auditiva.

Profesionalización y atención integral, la apuesta de la Codhey

Ante este panorama, la Codhey ha reforzado la capacitación de su personal para ofrecer una atención más profesional y especializada. “Estamos en un momento en que la ciudadanía exige más. Nuestra misión es estar a la altura”, explicó Méndez Correa, quien anunció que personal de la Oficialía de Quejas y Visitadurías ya cursa una maestría en Derechos Humanos en colaboración con la comisión estatal de Campeche.

Respecto a la negativa de algunas autoridades para acatar las recomendaciones, indicó que la Codhey mantiene una política de diálogo permanente, aunque cuando se da un rechazo, las dependencias deben fundamentarlo legalmente.

Datos clave del primer semestre de 2025:

  • 58 quejas recibidas por la Codhey.
  • 138 hechos violatorios documentados.
  • 8 recomendaciones emitidas, cuatro de ellas contra la SSP.
  • Principales violaciones: detenciones arbitrarias, maltrato, omisión de servicios públicos.
  • Cárceles municipales con graves deficiencias en infraestructura y derechos humanos.


La creciente ola de detenciones arbitrarias en Yucatán pone en evidencia una crisis silenciosa en materia de derechos humanos. Las autoridades estatales y municipales enfrentan el reto de tomar medidas concretas para frenar el abuso policial y mejorar las condiciones en centros de detención, mientras la Codhey redobla esfuerzos en supervisión, formación profesional y defensa de las garantías individuales.

La Gaceta Yucatán—Redacción.

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