Organizaciones alertan sobre el uso de figuras legales para silenciar críticas; el caso de periodistas, ciudadanos y medios perseguidos evidencia un patrón preocupante de censura institucional.
- Preocupa la censura en México: aumentan sanciones a periodistas, tuiteros y medios críticos bajo acusaciones de violencia política de género
En México, la libertad de expresión enfrenta una ofensiva sin precedentes. Desde periodistas hasta usuarias de redes sociales, cada vez más voces críticas están siendo sancionadas, denunciadas o silenciadas bajo el argumento de “violencia política en razón de género” o por leyes ambiguas que limitan el debate público. La tendencia, denunciada por organizaciones como Artículo 19 y reconocida incluso por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se ha intensificado a la par del proceso electoral y el control institucional del partido en el poder, Morena.
El caso de Karla Estrella, una tuitera de Hermosillo, Sonora, ha encendido las alarmas. El 14 de febrero escribió en la red social X un mensaje crítico sobre Diana Karina Barreras, diputada local y esposa de Sergio Gutiérrez Luna, expresidente de la Cámara de Diputados. La publicación le costó una multa, la obligación de disculparse públicamente durante 30 días y su inscripción en el Registro de Personas Sancionadas del INE por 18 meses. El Tribunal Electoral falló en su contra tras una denuncia por violencia política de género.
La lista de casos es extensa. Jorge González, periodista de Campeche, fue inhabilitado y vinculado a proceso tras una denuncia de la gobernadora Layda Sansores. Los periodistas Héctor de Mauleón y Ángel Camarillo también enfrentan procesos judiciales por sus investigaciones, al igual que los medios Código Magenta, SinEmbargo y Tribuna. A ellos se suman usuarias como Laisha Wilkins, demandada simplemente por reírse en X de una candidata a ministra de la Suprema Corte.
Instrumentalización de una causa legítima
Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, denuncia una preocupante tendencia: “Estamos viendo un uso distorsionado de figuras legítimas como la violencia política de género para castigar la crítica y censurar periodistas. Lo que empezó como un mecanismo de protección para mujeres en política, hoy se usa como arma para silenciar”.
En lo que va de 2024, de los 21 procesos abiertos contra periodistas, el 28.5% fueron iniciados con base en este argumento. Maldonado advierte que la intención no es proteger derechos personales, sino “desgastar a periodistas y medios mediante el hostigamiento judicial”.
La elección judicial: catalizador del acoso
La reciente elección de más de 2,700 cargos judiciales sirvió de detonante para una oleada de denuncias contra voces que cuestionaron a candidatos. Entre ellas, la de Héctor de Mauleón, quien fue obligado por el Tribunal Electoral de Tamaulipas a retirar una columna sobre Tania Contreras, exconsejera jurídica de Tamaulipas y aspirante a magistrada. La sanción incluyó una prohibición expresa de volver a escribir sobre ella. Contreras también denunció al medio Código Magenta por una cobertura similar.
Otro caso insólito es el de Laisha Wilkins, quien fue demandada por violencia política de género por responder con una risa a un tuit de Aristegui Noticias que hacía alusión a la candidata Dora Martínez Valero. La actriz enfrenta ahora un proceso ante el Tribunal Electoral federal.
Incluso los defensores de derechos humanos han sido blanco. Miguel Meza, abogado y fundador de la plataforma Defensorxs, fue denunciado por “violencia política” por un candidato a juez laboral que enfrenta acusaciones de acoso sexual por parte de 36 mujeres. La denuncia fue aceptada por el INE, a pesar de que dicho delito no existe jurídicamente.
La ‘Ley Mordaza’ de Puebla: criminalizar la crítica en redes
El clima de censura no solo avanza a través de tribunales. En Puebla, el Congreso local —de mayoría morenista— aprobó en junio una polémica reforma a la Ley de Ciberseguridad que podría castigar hasta con tres años de prisión a quien “ofenda” o “agreda” en redes sociales. La ambigüedad del texto legal ha encendido las alarmas entre defensores de derechos.
“La legislación va en sentido contrario a los avances en libertad de expresión”, afirma Maldonado. “En Puebla se había trabajado por derogar delitos contra el honor, ahora se revive el castigo penal como herramienta de silenciamiento”.
Incluso la CNDH, que ha sido señalada por su cercanía con el Ejecutivo federal, emitió un exhorto para revisar el artículo 480 de esta ley, al advertir que “podría dar lugar a restricciones indebidas a la libertad de expresión”. La institución trabaja ya en una posible acción de inconstitucionalidad.
Un patrón preocupante
Lo que emerge es un patrón sistemático: uso de leyes e instituciones para castigar la crítica pública, con especial saña contra periodistas, activistas y ciudadanos que cuestionan al poder. Lo que antes se expresaba como descalificaciones desde el púlpito presidencial, hoy se convierte en multas, censura judicial o amenazas de cárcel.
En un país que ya es uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, la nueva cara de la censura avanza ahora por vías formales, bajo el disfraz de protección o regulación. La libertad de expresión, eje esencial de toda democracia, enfrenta uno de sus mayores desafíos en años. Y el costo, como siempre, lo pagan quienes se atreven a hablar.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
