El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, no fue un hecho fortuito ni un ataque aislado del crimen organizado. De acuerdo con nuevas revelaciones y materiales videográficos difundidos por el gobierno estatal, todo apunta a un crimen de Estado, ejecutado con precisión, planificación y complicidad desde dentro de las instituciones encargadas de la seguridad pública.
Un crimen planeado desde el poder
Desde el primer momento en que se conoció el homicidio, surgieron sospechas sobre la participación de actores estatales. El “modus operandi” del ataque, su ejecución y las posteriores maniobras para eliminar al autor material del crimen, revelan un entramado de traición dentro de los propios cuerpos de seguridad del Estado mexicano.
Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que el sicario que disparó contra Manzo fue sometido por los escoltas del alcalde minutos después del ataque. Sin embargo, en un hecho aún sin explicación oficial, uno de esos mismos escoltas decidió ejecutarlo en el acto, eliminando así al único testigo capaz de revelar quiénes habían ordenado la operación.
Silenciar al asesino para ocultar la verdad
Esa decisión —aparentemente deliberada— abrió la hipótesis de un encubrimiento interno. Diversos analistas coinciden en que el asesino material fue eliminado para impedir que hablara, y con ello, proteger a quienes participaron en el diseño y ejecución del crimen.
El hecho apunta directamente a una red de complicidades entre fuerzas municipales, elementos de la Guardia Nacional e incluso miembros del Ejército, todos ellos responsables de la seguridad del edil michoacano.
El video que exhibe la traición
La difusión de los videos —hasta ahora en poder exclusivo del gobierno de Michoacán— ha desatado un conflicto político entre el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y las autoridades federales.
El mandatario estatal, al hacer públicos los materiales, intentó deslindarse de toda responsabilidad, pero en el intento confirmó que hubo una traición interna y que el crimen fue ejecutado desde las entrañas mismas del aparato de seguridad.
¿Qué oculta el gobierno federal?
Las interrogantes se multiplican:
- ¿Por qué la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad federal mantuvieron ocultos estos videos durante semanas?
- ¿A quién protege el silencio institucional?
- ¿Cuántos más dentro del poder público sabían del plan para asesinar al alcalde de Uruapan?
Mientras tanto, la Sedena insiste en que no hubo fallas en el operativo de protección, una versión que contrasta con las pruebas videográficas y testimoniales que exhiben un operativo perfectamente sincronizado, en el que todos los implicados sabían qué hacer y cuándo hacerlo.
El eco de un crimen que sacude al Estado mexicano
La ejecución de Carlos Manzo no sólo exhibe el nivel de penetración del crimen organizado en las instituciones de seguridad; también plantea un escenario alarmante: la existencia de redes de poder que actúan desde dentro del propio Estado para eliminar a figuras incómodas o disidentes.
Al día de hoy, el caso sigue plagado de silencios y omisiones. Y mientras no se esclarezcan las responsabilidades federales, estatales y municipales, el asesinato de Carlos Manzo seguirá siendo, con todas sus letras, un crimen de Estado.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
