- Perfiles con antecedentes criminales y nexos con el crimen organizado ganan elecciones judiciales; el INE y el Tribunal Electoral, últimas barreras ante una posible catástrofe institucional.
- Grave preocupación por el sistema judicial mexicano: candidatos con acusaciones de trata, abuso y corrupción a punto de asumir como jueces y magistrados
El sistema judicial mexicano enfrenta una amenaza sin precedentes. Al menos 13 personas que arrastran graves acusaciones —desde abuso sexual infantil hasta vínculos con redes de trata y crimen organizado— han ganado cargos como jueces y magistrados en las recientes elecciones judiciales. De ser ratificados, estos perfiles llegarán al corazón del Poder Judicial, encargados de impartir justicia en un país ya profundamente golpeado por la impunidad.
La alarma ha sido encendida por organizaciones civiles como Defensorxs, así como por consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral. Las autoridades están hoy ante una encrucijada: impedir que los procesos de validación culminen con la entrega de constancias o permitir que individuos con antecedentes criminales se integren al aparato de justicia nacional.
Otro perfil que ha desatado indignación es Silvia Delgado, exabogada de Joaquín El Chapo Guzmán, quien ha sido electa jueza en Chihuahua. Aunque su pasado legal no la descalifica formalmente, el simbolismo de su cercanía con uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo es perturbador en un país donde la justicia ha sido infiltrada por el crimen organizado.
La situación alcanza niveles de absurdo con el caso de Héctor Ulises Orduña, quien ganó una judicatura en Veracruz mientras permanece en prisión preventiva, acusado de abuso sexual infantil y pornografía. Aunque no tiene sentencia, su postulación fue validada, y su constancia está en pausa solo por estar tras las rejas.
Un Poder Judicial en riesgo de ser infiltrado
El listado es extenso y preocupante. Jaime Cisneros, electo en Nuevo León, enfrenta acusaciones de acoso sexual; Sergio Díaz, aspirante en Monterrey, es deudor alimentario; y Genaro Antonio Valerio, de Sonora, tiene denuncias por hostigamiento laboral y sexual. En todos los casos, sus triunfos siguen pendientes de revisión por el INE.
Otro foco rojo lo representan los vínculos religiosos. Tres miembros de la iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder fue condenado en EE.UU. por abuso infantil, han ganado cargos judiciales: Madián Sinaí Menchaca, Eluzai Rafael Aguilar y Salma Jaanai Martínez. La presencia de esta agrupación en el proceso electoral ha despertado preocupaciones sobre la separación entre Iglesia y Estado y el posible sesgo teocrático en futuras resoluciones judiciales.
Perfiles académicamente inadecuados y penalistas ligados al narco
Además de los antecedentes penales, existen irregularidades académicas. Cerca de 40 candidatos ganadores no cumplen con los requisitos mínimos de promedio escolar —8 en licenciatura y 9 en especialidad—. Este criterio, exigido por la ley, está siendo revisado por el INE, que deberá decidir si revoca sus constancias.
La situación se agrava con casos como el de Irlanda Gabriela Pacheco, quien ganó una judicatura en Iztapalapa pese a estar vinculada con El Trompas, presunto integrante de la Unión Tepito. La penalista había sido acusada de fraude procesal y uso de documentos falsos. Hoy, está a un paso de juzgar casos en una de las zonas con mayor índice delictivo de la capital.
También destaca Alejandra Lozano Maya, exagente del Ministerio Público en el Estado de México, señalada por tortura, abuso sexual y detenciones arbitrarias. A pesar de dos carpetas de investigación abiertas, ya ha recibido su constancia de mayoría como jueza penal en Ciudad de México.
¿Quién detendrá esta crisis institucional?
El último muro de contención es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que junto con el INE debe validar o revertir estas elecciones. Pero las señales son mixtas: mientras algunos consejeros como Carla Humphrey han intentado frenar la entrega de constancias, sus esfuerzos han sido desechados por mayoría.
Incluso perfiles como Norma Alicia Sandoval, cesada como ministerio público por supuesta fabricación de pruebas en un caso de narcotráfico, han sido electos sin consecuencias. O el de Tania Contreras, ya perfilada para presidir el Tribunal Supremo de Tamaulipas, quien ha sido señalada como parte de una red de corrupción y tráfico de huachicol.
Un colapso en cámara lenta
La validación de estos cargos está en manos del INE, que en los próximos días deberá emitir su resolución final sobre más de 850 jueces y magistrados electos. La posibilidad de que personas con antecedentes penales, vínculos criminales o sin formación adecuada lleguen al sistema de justicia es un peligro real y urgente.
La democracia mexicana enfrenta un riesgo estructural: no se trata solo de una elección fallida, sino del posible colapso moral e institucional del Poder Judicial. Si no se actúa ahora, las consecuencias serán irreversibles para la justicia y el Estado de derecho en México.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
