- La Cámara de Diputados aprobó este jueves la controvertida Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, una iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, que permitirá a las autoridades acceder e interconectar bases de datos públicas y privadas sin necesidad de autorización judicial, bajo el argumento de reforzar la seguridad nacional.
La legislación fue avalada en lo general con 368 votos a favor de Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano, contra 101 votos en contra del PAN y PRI. Horas después, fue aprobada en lo particular con 324 votos a favor y 117 en contra, entre señalamientos de la oposición por cambios de última hora y acusaciones de imposición.
El dictamen será turnado al Senado para su análisis y eventual aprobación.
¿Qué implica la nueva ley?
La ley crea un nuevo Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, coordinado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que tendrá acceso a una Plataforma Central interconectada con registros públicos y privados, incluyendo:
- Datos biométricos, fiscales, catastrales y vehiculares
- Información bancaria, financiera, de salud, telecomunicaciones y transporte
- Registros de armas, personas sentenciadas, empresas y servicios de seguridad privada
La ley obliga a los particulares que gestionan sistemas de información a compartir sus bases de datos con esta plataforma, sin establecer mecanismos judiciales de control o supervisión externa.
Además, se permitirá el uso de sistemas tecnológicos e inteligencia artificial para el procesamiento y análisis de datos, con el fin de generar “productos de inteligencia” que detonen operativos de seguridad.
Críticas: ¿vigilancia sin límites?
Especialistas y organizaciones civiles han alertado que la legislación podría derivar en una infraestructura de vigilancia masiva sin precedentes.
“Esta ley abre la puerta a un sistema de espionaje sin controles judiciales. La Secretaría de la Defensa Nacional podrá intervenir comunicaciones y procesar información personal con un margen de discrecionalidad enorme”, denunció José Flores, director de la organización R3D,
El ministro en retiro José Ramón Cossío advirtió que se está transfiriendo al Ejército la capacidad de generar, operar y explotar inteligencia bajo el amparo de la seguridad nacional.
“Se habilita a la Secretaría de la Defensa Nacional para crear su propio sistema de inteligencia. Esto va mucho más allá de lo que contempla la Ley de Seguridad Nacional vigente desde el sexenio de Fox”, expresó Cossío.
División en el Congreso
Durante el tenso debate, que se prolongó casi 10 horas, se evidenció una fuerte polarización política.
- La diputada Sandra Anaya (Morena) defendió la ley como una herramienta “clave para prevenir delitos” y dotar de capacidades operativas al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.
- El priista Emilio Lara advirtió que se trata de una norma de “control absoluto” que carece de filtros judiciales y transparentes.
- El diputado Juan Ignacio Zavala (MC) respaldó la legislación, argumentando que “la inteligencia es esencial para combatir al crimen”.
Tecnología e inteligencia artificial al servicio del Estado
La ley establece el uso de sistemas automatizados y algoritmos inteligentes para organizar, cruzar e interpretar datos provenientes de múltiples fuentes. Estos sistemas, advierte la redacción, podrán ser “mecánicos, tecnológicos o inteligentes”, abriendo la posibilidad a la aplicación de IA en tareas de seguridad.
La información procesada será utilizada para “identificar y combatir amenazas a la seguridad pública”, sin especificar los criterios técnicos, legales o éticos bajo los cuales se aplicará este poder de vigilancia.
¿Un nuevo modelo de seguridad nacional?
Aunque el Gobierno federal argumenta que se trata de un paso crucial para modernizar la inteligencia del Estado, especialistas cuestionan la falta de controles judiciales, límites temporales, mecanismos de rendición de cuentas y garantías de derechos humanos.
La legislación consolida una arquitectura institucional que, en opinión de varios juristas, militariza aún más el sistema de seguridad e institucionaliza la vigilancia en nombre del combate al crimen.
Próximo paso: el Senado
La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia se dirige ahora al Senado, donde se anticipa un nuevo debate. Colectivos ciudadanos y defensores de derechos digitales ya han solicitado audiencias públicas y consultas abiertas para evaluar los riesgos y asegurar que la ley no derive en una regresión autoritaria.
La nueva ley amplía el poder del Estado para acceder y procesar datos personales sin controles judiciales, mientras organizaciones civiles advierten sobre una amenaza a la privacidad y al equilibrio democrático en nombre de la seguridad pública.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
