En medio del anuncio del nuevo programa del Infonavit para la regularización de viviendas ocupadas, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fijó postura y trazó una línea clara: no se permitirá la legalización de propiedades que estén bajo investigación por despojo.
“Si hay una carpeta de investigación por despojo, ninguna autoridad puede pasar por encima de una denuncia seria”, advirtió la funcionaria en la conferencia matutina en Palacio Nacional.
La declaración surge como una corrección de fondo frente a la expectativa generada por el plan de Infonavit, presentado por su director general, Octavio Romero Oropeza, el cual contempla esquemas de renta con opción a compra para personas que viven en viviendas abandonadas o que, aun sin haber pagado sus créditos, se mantuvieron en sus hogares.
Un programa social con límites legales
El programa del Infonavit busca resolver uno de los problemas más complejos del sistema de vivienda social en México: el abandono y ocupación informal de miles de casas en desarrollos habitacionales que quedaron desiertos. Sin embargo, el pronunciamiento de la titular de Gobernación establece límites legales infranqueables: los casos judicializados no podrán beneficiarse del esquema.
Rodríguez fue enfática: uno de los principios que el Estado no puede vulnerar es el derecho a la propiedad privada. “No se puede ir por encima de una denuncia de un propietario, una cuestión de invasión tiene que investigarse”, subrayó.
La advertencia introduce una tensión clave entre la política social de vivienda y el marco jurídico que protege los derechos de los propietarios legítimos. Si bien el gobierno busca evitar desalojos forzosos y ofrecer soluciones habitacionales dignas, también debe garantizar el estado de derecho.
Medidas conciliatorias sí, pero sin impunidad
No obstante, la secretaria de Gobernación dejó abierta una puerta: en los casos donde no exista denuncia formal, el gobierno podría optar por soluciones conciliatorias. “Hay ocasiones en las que quienes ocupan una vivienda fueron engañados”, explicó, aludiendo a fraudes cometidos por terceros que venden o rentan inmuebles sin respaldo legal.
Este matiz refleja un enfoque más equilibrado por parte del gobierno: atender el problema de vivienda desde una perspectiva humanitaria, sin fomentar la impunidad ni poner en entredicho la legalidad de la propiedad privada.
Análisis: entre justicia social y seguridad jurídica
El mensaje de Rodríguez es más que una aclaración; representa una línea política: el Estado no blindará ocupaciones ilegales bajo investigación judicial, aunque mantendrá una actitud conciliadora en los casos donde no haya delito configurado.
Esto plantea un reto para el Infonavit: cómo diseñar criterios de regularización que sean al mismo tiempo eficaces, socialmente responsables y legalmente sostenibles.
En suma, el gobierno federal busca navegar entre dos obligaciones: garantizar el acceso a la vivienda y proteger los derechos de los legítimos propietarios. Una frontera delgada en la que la justicia social no puede construirse a costa del estado de derecho.
La Gaceta Yucatán—Redacción.
